Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
Llama CDHDF a proteger la integridad de Silvia Vázquez y Blanca Mesina, defensoras de derechos humanos
Boletín 98/2010
21 de abril de 2010
El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis González Placencia, llamó a las autoridades responsables de garantizar la seguridad de las defensoras de derechos humanos, Silvia Vázquez y Blanca Mesina, en cumplimiento a las medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“Esta Comisión apoya la necesidad de buscar mecanismos de protección para las defensoras, quienes están siendo objeto de distintas amenazas en Tijuana, Baja California”, dijo, y se sumó a las acciones urgentes solicitadas al Estado Mexicano por Amnistía Internacional (AI), la Organización Mundial Contra la Tortura y la Federación Internacional de Derechos Humanos.
Dijo que al margen de la jurisdicción de la CDHDF en el caso, este Organismo se solidariza y cumple con su papel de voz y eco a las defensoras de derechos humanos.
El Ombudsman capitalino llamó al estado de Baja California, a las autoridades federales y a la Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana de Baja California, así como a la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a que: “Lo que relatan Silvia y Blanca sea escuchado con ganas, para brindarles el apoyo para la protección de sus vidas”.
Advirtió también que la CDHDF estará al pendientes de lo que ocurra a las defensoras, en espera de que ya no se sigan presentando más acciones de acoso en su contra: “Reitero el llamado a las autoridades involucradas, que sepan que el asunto está bajo la mirada de la Comisión, esperamos que losOrganismos Públicos estatal y nacional también lo hagan”.
De acuerdo con lo relatado por Blanca Mesina, hija de uno de los 25 policías municipales de Tijuana sometidos, arraigados y torturados por elementos del Ejército, en marzo de 2009, ella y sus familiares ha sido objeto de hostigamiento y amenazas de muerte, vía telefónica, para que se desistan de dar seguimiento a las denuncias.
En tanto, la abogada Silvia Vázquez, ha sufrido el acoso telefónico, la explosión de una bomba casera en una camioneta familiar, amenazas de muerte y la persecución y hostigamiento por parte de unidades de la policía municipal de Tijuana afuera de su domicilio y del de sus familiares: “Mi hijo ha dejado de ir a la escuela”.
Los actos intimidatorios, atribuidos presuntamente a autoridades de seguridad pública de Tijuana, al mando del Secretario Julián Leyzaola y del Director de la Policía Municipal, Gustavo Huerta, tuvieron lugar incluso los pasados 12 y 13 de abril, cuando las defensoras recibieron la visita internacional de diplomáticos de la Embajada de Canadá en México y de la Delegación de la Comisión de la Unión Europea en México.
A la visita internacional se sumó la presencia de representantes de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), quienes tampoco fueron recibidos por las autoridades encargadas de implementar las medidas cautelares a favor de la seguridad de Silvia y Blanca.
La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) y la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (CCDH) han expresado su preocupación por la seguridad y la vida de Silvia Vázquez y Blanca Mesina, por su defensa de un grupo de 25 policías municipales, víctimas de tortura bajo arraigo en marzo de 2009, en el Batallón Militar 28 “Aguaje de la Tuna”, en Tijuana, Baja California.
Actualmente presos en un Penal de Alta Seguridad de Nayarit, acusados de delincuencia organizada y delitos contra la salud, “Los policías nunca supieron por qué fueron detenidos, no medió orden de aprehensión o flagrancia, fueron sometidos a tortura para arrancarles confesiones y hacerlos firmar declaraciones que nunca pudieron leer y se les culpó de delitos que aseguran no haber cometido”, de acuerdo con la CMDPDH.
La CMDPDH ha llevado a la CIDH este y otros tres casos más en los que han sido arraigados y torturados en instalaciones militares de Tijuana 11 policías y cuatro civiles.
