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Boletín 97/2010 Durante 2009 la CDHDF atendió a más de 92 mil personas

Durante 2009 la CDHDF atendió a más de 92 mil personas
Boletín 97/2010

19 de abril de 2010

 

Tras destacar que durante 2009 la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) atendió a más de 92 mil personas, su Presidente, Luis González Placencia, subrayó el alcance de la Institución, “no sólo en la defensa de las víctimas, sino en la interacción proactiva con la sociedad civil en la búsqueda de una cultura efectiva de derechos humanos en la capital”.

 

En presencia del Jefe de Gobierno capitalino, Marcelo Ebrard Casaubon; el Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF), Edgar Elías Azar, y la Presidenta de la Mesa Directiva de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), Alejandra Barrales Magdaleno, dijo que los derechos humanos no se condicionan, “son obligaciones de los estados para con las personas, y por ello, una autoridad que los viola está doblemente obligada con las víctimas”.

 

Al presentar el Informe Anual 2009 ante la ciudadanía, reconoció a las autoridades que han cumplido con su obligación de colaboración con el Organismo y solicitó de los titulares de los órganos de gobierno de la ciudad, y de los jefes delegacionales “ejercer un liderazgo moral que refuerce ante las y los servidores públicos de todos los niveles la autoridad de la CDHDF en materia de derechos humanos”.

 

El Ombudsman capitalino detalló que en el 2009, el Programa de Defensa de la CDHDF otorgó 36,744 servicios, que son orientaciones a personas y canalización a instituciones en asuntos que no son competencia del Organismo. Recibió 8,168 quejas, de las cuales 7,760 fueron calificadas como presuntas violaciones de derechos humanos.

 

Dijo que la presunta violación al derecho a la seguridad jurídica fue la que más menciones registró en las quejas tramitadas, seguida de la violación a los derechos de las personas privadas de la libertad, a los derechos de víctimas y personas ofendidas, el derecho a la salud y a la integridad personal.

 

Agregó que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), la Subsecretaría del Sistema Penitenciario y la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF), son las tres instituciones que con más frecuencia aparecen involucradas en la presunta comisión de actos violatorios.

 

El Presidente de la CDHDF resaltó que los ámbitos de la seguridad pública y el sistema de justicia penal constituyeron en 2009 el principal foco de atención en materia de violación a derechos humanos. Agregó que 19 de las 28 Recomendaciones emitidas en ese periodo se refieren al ámbito de la seguridad y la justicia penal.

 

Refirió que la CDHDF se ha pronunciado por un avance decidido en la implementación de la reforma penal constitucional del año 2008, y para revisar la pertinencia de aquéllas prácticas que, como el caso del arraigo, son contrarias a los derechos humanos.

 

“La ciudad de México tiene la inmejorable oportunidad de construir un sistema de seguridad pública y justicia penal, que con base en el debido proceso, una visión restaurativa y protectora de los derechos humanos, se distinga de los modelos reactivos imperantes en el país”.

 

Resaltó que el ámbito penitenciario constituye el espacio privilegiado de violación de derechos humanos; así, los casos de violaciones graves que refieren las cuatro Recomendaciones dirigidas a la Secretaría General de Gobierno de la ciudad, “muestran que la capacidad de protección de la vida y la integridad de las personas privadas de la libertad en las cárceles de la ciudad está en entredicho”.

 

Apuntó que la justicia para adolescentes se basa en una ley que contradice a la Reforma Constitucional de 2005, y en razón de ello, facilita el internamiento de un elevado número de jóvenes y en consecuencia, la aparición de situaciones de violencia que replican las que tiene lugar en los espacios penitenciarios de adultos.

 

Hizo énfasis en que el Jefe de Gobierno envíe un mensaje enérgico a las y los servidores públicos sobre la prohibición absoluta de prácticas que implican violaciones graves a derechos humanos, tales como tortura, detención arbitraria, ejecuciones sumarias y tratos crueles inhumanos y degradantes, “y sobre la reprobación que su gobierno ha hecho de las mismas”.

 

Llamó la atención de aquellas autoridades recomendadas que sólo aceptan parcialmente sus responsabilidades, “creemos que las autoridades de la ciudad deben seguir el ejemplo de la Jefatura de Gobierno, el TSJDF, la ALDF, la Secretaría de Gobierno y la PGJDF, que no escatiman ni la competencia ni la aceptación total de las Recomendaciones”, dijo.

 

Destacó que en 2009 se materializó el Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal, que logró la incorporación, por primera vez en la historia, de presupuestos con perspectiva de derechos humanos en un total de 2,412 líneas de acción que corresponde realizar a órganos del Gobierno capitalino, bajo la supervisón de un Mecanismo de Seguimiento y Evaluación.

 

En tanto, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubon, anunció que solicitará una reunión de trabajo con elOmbudsman capitalino y con todo el Consejo de la CDHDF para tratar la problemática de los reclusorios y de las Recomendaciones que no han sido cumplidas.

 

Reconoció en el Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal un logro de toda la sociedad y se comprometió a corregir, superar o modificar las situaciones señaladas por la CDHDF, a través de las mil 300 acciones que durante este año deberá ejecutar, a través de sus diversas entidades y Secretarías.

 

No obstante, dijo que es necesario que desde el Congreso de la Unión el país cuente con un presupuesto con perspectiva de derechos humanos y de garantías a la seguridad humana, como ejes para el ejercicio de todos los recursos.

 

“No queremos tardarnos una década en cumplir las líneas de acción de nuestro Programa, necesitamos que haya un viraje, un cambio, a nivel nacional de a qué estamos destinando los recursos respecto a la garantía de los derechos de las personas”, advirtió.

 

Por su parte, el Magistrado Presidente del TSJDF, Edgar Elías Azar, subrayó que la capital del país es exitosamente un oasis de libertades reconocidas para todos, sin ninguna distinción.

 

En referencia al Informe, dijo que “coloca a nuestra entidad federativa, claramente mayor de edad, en la vía correcta y en el liderazgo nacional que tanto importa a tantos”.

 

Dijo que la actuación de los jueces del Distrito Federal, con base en la prevalencia de la dignidad humana como principio superior, continuará hacia todo el espectro de derechos que hoy se conocen y defienden.

 

Llamó a los juristas a “ser motor que impulsa y no cadena que sujeta”, a dejar formalismos y a asumir una mentalidad verdaderamente crítica ante la operación del derecho vigente, pues dijo que es necesario cambiar mentalidades para concretar conceptos modernos.

 

A su vez, el Consejero de la CDHDF, Manuel Eduardo Fuentes Muñiz, llamó a las autoridades capitalinas a no relegar o minimizar el trabajo de la Comisión. “Nos preocupa en el Consejo que las Recomendaciones sean omitidas o tergiversadas por diversas autoridades de la administración pública del Distrito Federal”, subrayó.

 

Advirtió que varias Recomendaciones son aceptadas, pero en los hechos ocurre todo lo contrario. Es inaceptable, dijo, que un servidor público la acepte para no cumplirla.

 

Además, criticó a quienes no las aceptan bajo el argumento de que la Comisión no tiene competencia para conocer de casos laborales o jurisdiccionales. “No son legítimos los argumentos para no acatar una Recomendación porque la CDHDF es la única autoridad facultada para interpretar si un agravio es de competencia o no y ello no puede ser regateado por ninguna instancia”, concluyó.

 

Estuvieron presentes también las Consejeras Ángeles González Gamio y Mercedes Barquet, así como titulares y representantes de diversas Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), de los Organismos Públicos de Defensa de Derechos Humanos locales y nacional, de los Organismos Públicos Autónomos (OPA) del Distrito Federal, legisladoras y legisladores del Honorable Congreso de la Unión y de la Asamblea Legislativa de esta ciudad; miembros del cuerpo diplomático y de organismos internacionales, los ex presidentes del Organismo, Luis de la Barreda Solórzano y Emilio Álvarez Icaza Longoria.

 

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