Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
La soberanía no debe ser pretexto para la impunidad: Luis González Placencia
Boletín 95/2010
18 de abril de 2010
El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis González Placencia, señaló que la reforma aprobada en el Senado de la República, en materia de Derechos Humanos, permitirá terminar con el largo debate de si prevalece el Derecho Internacional sobre el Derecho Nacional.
En la presentación del libro Lineamientos internacionales en materia penal de Javier Dondé Matute dijo que esta reforma, que plantea entre otras cosas un nivel similar para los Tratados internacionales en materia de derechos humanos a la Constitución, “es un reconocimiento explícito de que hay una conciencia jurídica internacional, que se toma en serio el asunto de los derechos humanos y del valor que tiene el derecho penal como un derecho protector de derechos humanos”.
El Ombudsman capitalino consideró que el Derecho Internacional permite reconceptualizar el tema de la soberanía, “la cual ya no puede ser entendida como en el pasado: como un pretexto para la impunidad”.
Refirió que, en el siglo pasado, el derecho penal fue utilizado y construido como una herramienta del Estado para intervenir en la vida de las personas, pero “cada vez más desde una óptica garantista, lo que vemos es que se va convirtiendo en un derecho, en una herramienta de las personas para prevenir y combatir los abusos de las autoridades”.
Agregó que se coloca al ciudadano en el centro del interés de esa conciencia jurídica, se consolida una conciencia jurídica sólida, “que se va positivando en principios, en disposiciones, en normas, en leyes que esperaríamos vayan haciendo viva la realidad de los derechos humanos en los procesos penales”.
Es decir, apuntó, el tema de los derechos humanos, a través del derecho penal, se convierte en una posibilidad efectiva cuando se garantiza el derecho al debido proceso, “y llevarlo al ámbito internacional tiene implicaciones en el terreno de la extensión de la justicia, a lugares y hacia personas que por efecto de aquella vieja concepción de soberanía quedaban impunes”.
Por su parte, el Consultor de la CDHDF, Fernando Coronado Franco, destacó que este libro forma parte de la militancia jurídica, de una clase de juristas que no están de acuerdo con que el Derecho sea utilizado para cometer injusticias.
Añadió que el texto “forma parte de la tradición de reflexión jurídica de quienes consideran que la suma de injusticia no puede ser del derecho, y consideran que los crímenes que proceden de los actos más aberrantes de los estados y de otros sujetos del Derecho Internacional, no pueden pasar a la historia sin haber sido juzgados por un tribunal”.
Coronado Franco consideró que es fundamental que los estados tengan una presencia sólida y con autoridad moral en la comunidad internacional, para que puedan pronunciarse sobre estos crímenes graves y, “para cuando ellos requieran a un criminal que no ha sido juzgado, que está siendo protegido por otro Estado, su requerimiento no sólo tenga la perfección técnico-jurídica necesaria, sino que además tenga autoridad moral”.
A su vez, Javier Dondé Matute expuso que decidió escribir el libro porque hay poco material en México que explique lo que es un Tratado, qué es la costumbre internacional y cómo México se relaciona con estas normas jurídicas, “me encaminé para tratar de explicar esta relación entre el Derecho nacional, su aplicación, –las obligaciones que tiene México– y el Derecho Internacional.
El investigador y catedrático del Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) dijo que en el texto, su propuesta es recurrir como importante herramienta al Derecho penal Internacional, al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, como base para la construcción doctrinal del Derecho penal nacional.
Consideró que, independientemente de lo que suceda con la Reforma Constitucional, es necesario que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) diga claramente que “los Tratados internacionales en Derechos Humanos tienen rango constitucional”.
