Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
La CDHDF condena el asesinato de Bety Cariño, defensora de Derechos Humanos y la desaparición de dos periodistas en San Juan Copala, Oaxaca
Boletín 107/2010
28 de abril de 2010
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), a través de la Relatoría para la Libertad de Expresión y Atención a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, lamenta y manifiesta su indignación por el asesinato de la defensora de derechos humanos, Bety Cariño, directora de CACTUS e integrante de la Red de Radios Comunitarias Indígenas del Sureste.
Este Organismo exige se esclarezcan los hechos; se sancione a los culpables y que este hecho no quede en la impunidad.
De acuerdo con diversas informaciones, el pasado 27 de abril una caravana internacional que se dirigía al municipio autónomo de San Juan Copala, Oaxaca, conformada por un centenar de personas de diversas nacionalidades, fue emboscada por hombres armados.
Información proporcionada por la Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos (AMAP), indica que por lo menos cinco personas fueron asesinadas en este ataque, entre ellos Bety Cariño e Ysyry Jaakkola, activista de origen finlandés.
Algunas personas sobrevivientes han manifestado temer por su vida y por la de otras personas que están heridas y desaparecidas; además, vinculan el ataque con grupos paramilitares al servicio del gobierno estatal.
En medio de esta agresión también fueron privados ilegalmente de su libertad la reportera Ericka Ramírez y el reportero David Cilia García, ambos trabajadores de la revista Contralíneaquienes intentaban cumplir con su labor informativa. Hasta el momento se desconoce su paradero.
La CDHDF reprueba estos asesinatos, así como cualquier abuso, agresión o ataque cometido en contra de las y los defensores de derechos humanos que acudirían a observar la situación que impera en el municipio autónomo de San Juan Copala, y exige al gobierno de Oaxaca que se haga una investigación para saber cuanto antes del paradero de los periodistas desaparecidos.
Esta CDHDF resalta que el Estado tiene la obligación de garantizar la libertad de tránsito, la seguridad personal y el derecho a la vida de todas las personas que habitan y transitan su territorio, por ello exige a las autoridades correspondientes que se inicie de inmediato una investigación a fin de dar con los responsables de estos actos de barbarie cometidos en contra de la población civil.
