Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
La política pública en materia de reclusión debe orientarse a consolidar lazos sociales
Boletín 101/2010
23 de abril de 2010
La ex Consejera de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Elena Azaola Garrido, afirmó que no se puede llevar a la gente a prisión o incrementar las penas, sin pensar antes en el impacto que tienen las conductas delictivas en el deterioro del tejido social.
Durante el Diplomado en Derechos Humanos en el Sistema Penitenciario, organizado por la CDHDF, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) y el Instituto de Capacitación Penitenciaria (INCAPE), enfatizó que las políticas públicas deben estar orientadas a consolidar los lazos sociales y el sentido de comunidad en beneficio de la ciudadanía.
Azaola Garrido consideró necesario conocer los patrones de las conductas delictivas para no arraigar a las personas a la prisión y darle un giro a esta problemática, particularmente de los jóvenes primodelincuentes.
En este contexto, aseveró: “Una persona se puede detener de cometer un delito por la vergüenza o la pena que puede causar a familia, esposa, hijos, abuelos, amigos o vecinos, que los años que pudiera pasar en prisión”.
De acuerdo con los resultados de la Tercera Encuesta a Población en Reclusión en el Distrito Federal y el Estado de México 2009, elaborada por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), 45.6% de las y los internos consultados son reincidentes.
Para la investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social (CIESAS) esto significa que las instituciones no han cumplido con su función, lo cual ha ocasionado la sobrepoblación penitenciaria a partir de una política de contención de la delincuencia.
Subrayó que hay países donde se piensa en los mecanismos que favorezcan una mejor reinserción de las personas que están en las cárceles o de aquellas que han cumplido con su sentencia privativa de libertad.
“Cuando una persona sale de la cárcel y no encuentra la manera de reintegrarse a la sociedad, puede regresar a la prisión con problemas más severos. Sabemos que en lugar de adquirir elementos positivos, muchos veces se contamina”, apuntó.
El estudio del CIDE dirigido por Elena Azaola y Marcelo Bergman, con la colaboración de Ana Laura Magaloni, enfatiza que las difíciles condiciones económicas, sociales y familiares de las y los internos entrevistados dan cuenta de un sistema de impartición de justicia que enfoca su mirada en los barrios pobres y marginados.
Explicó que 46.3% de las y los internos consultados tiene entre 18 y 30 años, 77% nació en el Distrito Federal y 31.6% no vivieron con sus padres desde los 15 años o menos.
La especialista en antropología y psicoanálisis expuso que en una sociedad regida por normas es consecuencia que también en las familias existen normas y límites. Esa es la explicación, dijo, del porque algunas personas no cometen delitos: si desde que son niñas y niños se les transmite y garantiza un proyecto de vida, es probable que no sean propensos a caer en prisión.
De acuerdo con la tendencia reportada en las encuestas realizadas en 2002, 2005 y 2009, en las cárceles abundan personas con múltiples problemas familiares.
Elena Azaola Garrido destacó que 40% de las y los internos señalaron que alguna vez se fueron de su casa; 29% abandonó su hogar por violencia; 41% vivieron con adultos que frecuentemente consumían alcohol; 7.3% ingerían drogas y 28% tenía un familiar en prisión.
“En lugar de invertir tanto dinero para enviar a la gente a prisión, lo cual no soluciona los problemas, se requiere invertir en programas que atiendan la violencia familiar, el consumo de drogas y las adicciones”, sentenció.
