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32/2010 Foro Regional: Los retos de la implementación en el nuevo sistema de justicia penal.

Entrevista al Presidente de la CDHDF, Luis González Placencia, en el Foro Regional: Los retos de la implementación en el nuevo sistema de justicia penal.
Transcripción 32/2010
22 de marzo de 2010

Pregunta (P): ¿Sobre qué puntos elementales trató su ponencia?

Doctor Luis González Placencia (LGP): Bueno, básicamente la idea es llamar la atención sobre la necesidad que tenemos de implementar la Reforma Penal Constitucional. Como se sabe, esta Reforma se llevó adelante en el año 2008 y ya tenemos dos años, casi dos años, en agosto se cumplen dos años, y hay pocos avances. Entonces creo que la importancia que tiene este evento radica precisamente en la necesidad de llamar la atención sobre la imperiosa necesidad que tenemos de implementarla.

P: ¿En esta implementación dónde están los riesgos a los derechos humanos de las personas?

LGP: En diversos momentos lo que hemos planteado nosotros es que esta es una reforma esencialmente de derechos humanos, principalmente cuando la vemos desde la perspectiva del debido proceso. Sin embargo, hay todo un régimen de excepción que ha sido pensado para enfrentar a la delincuencia organizada, que sí presenta problemas con los derechos humanos. El tema del arraigo, por ejemplo. El tema relacionado con algunas restricciones que tienen las personas que están extinguiendo una pena por razones de criminalidad organizada ya en prisión. Son todos esos algunos elementos que contradicen el espíritu de la reforma. Lo que hemos planteado aquí en este foro es la necesidad de revisar hasta dónde estas excepciones ayudan afectivamente a combatir la criminalidad organizada; hasta dónde es necesario buscar alternativas que nos permitan tener un sistema que sea respetuoso de las garantías, pero también que sea eficaz frente a la delincuencia.

P: Y ahorita que lo veíamos con Felipe Borrego Estrada, (Secretario Técnico para la Implementación de las Reformas Constitucionales sobre Seguridad y Justicia Penal), ¿de qué forma se están poniendo de acuerdo entre el Gobierno federal y aquí en el Distrito Federal en este proceso de implementar?

LGP: Bueno, la reforma es nacional, la Reforma Constitucional mandata a todos los estados, y por supuesto al Distrito Federal, a hacer las adecuaciones a la legislación secundaria. Entonces la comunicación que es necesario tener con la Secretaría es fundamental para ir orientando los trabajos que deben de realizarse para implementar la reforma ya a nivel local. Sé que el Gobierno del Distrito Federal tiene ya una mesa de trabajo para hacer esta implementación, y bueno, simplemente buscamos que haya comunicación entre el Gobierno federal y la ciudad de México para esta labor.

P: Por ahí me comentaban que se refirió a que esta reforma en materia penal también puede provocar algunos delitos, si me pudiera abundar sobre esto.

LGP: No la reforma, sino más bien la manera en la que está el sistema hoy. Lo que yo he dicho es que tenemos que revisar hasta dónde el sistema como lo tenemos hoy efectivamente reduce el delito o más bien lo fomenta. Entre otras razones porque el resultado que tenemos a nivel de población carcelaria es de 40 mil y pico de presos que significan más allá del 100% de sobrepoblación, en condiciones en las que la reproducción del delito se da con una gran facilidad. De ahí que probablemente la manera en la que hemos enfrentado el problema más bien nos esté resultando contraproducente. Ese es uno de los argumentos que planteamos.

P: Ahora en perspectiva ya a futuro, ¿en cuanto se implemente en el Distrito Federal sí ve todos los elementos de esta reforma como positivos en materia de derechos humanos?

LGP: Sí, lo que esperamos es que efectivamente la implementación se lleve adelante, que se lleve lo más pronto posible y que se evite que el actual problema de la inseguridad y de la criminalidad organizada se convierta en un obstáculo para la reforma. Pensamos que justamente la manera de combatir la situación que tenemos hoy en día en general frente a la violencia empieza por combatir la violencia estructural que es la que deviene del sistema y la reforma es sin duda útil para eso.

P: Ahorita que mencionaba el arraigo, ¿el arraigo también lo ve con las reformas como algo positivo, algo negativo?

LGP: Desde la perspectiva de derechos humanos el arraigo no es aceptable porque implica un castigo anticipado. Ya tenemos la prisión preventiva, que también amerita digamos una crítica, que debería ser excepcional. El arraigo también se ha planteado como excepcional, pero la manera en la que vemos que se utiliza nos deja ver que no es tan excepcional. Entonces tenemos una prisión preventiva antes de la prisión preventiva, me explico. El arraigo funciona como una prisión preventiva durante el proceso, incluso antes de que el proceso se lleve adelante. Muchas gracias.

 

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