Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
Pregunta (P):La Comisión Nacional emitió un diagnóstico sobre cárceles en el país y dice que las del Distrito Federal son las peores, ¿usted coincide con eso?
Doctor Luis González Placencia (LGP): Bueno, desafortunadamente sí tenemos un contexto bastante complicado en las cárceles del Distrito Federal. Como se sabe, tenemos una sobrepoblación que supera el 100% y una serie de condiciones que dificultan mucho el gobierno al interior de las mismas. Entonces desafortunadamente sí hay que afirmar que la situación en las cárceles requiere de una intervención de fondo.
P: ¿Cuántas Recomendaciones tiene el Gobierno capitalino por esta situación?
LGP: Se han emitido a lo largo de 15 años un número importante de Recomendaciones. En febrero de 2010 acabamos de emitir una más, es la primera de esta administración, y tiene que ver con actos de tortura. Hay tres, dos situaciones, perdón, que están presentes en todas estas Recomendaciones, y en ambas lo que se ve es maltrato de parte de los custodios a los internos, por otra parte la ausencia de criterios que permitan que los internos vivan en condiciones dignas y seguras, lo que ha suscitado riñas entre ellos que desafortunadamente han generado la muerte de personas.
LGP: ¿Cuántas Recomendaciones hay en el tintero para las diferentes áreas del Gobierno capitalino?
P: Bueno, tenemos ya en puerta varias, van a ser por lo menos unas tres o cuatro en los próximos meses, y desde luego más a lo largo del año que tienen que ver con temas que hemos venido trabajando, tanto nuevos que recibimos en los últimos cuatro meses, como otros más que se quedaron pendientes en la administración pasada.
P: ¿Qué deberá incluir esta reestructuración a fondo de la que usted habla?
LGP: ¿En las cárceles?, bueno, como hemos dicho, el problema de la cárcel se presenta ahí, pero no solamente está ahí. Es necesario que se realice una reforma integral al proceso penal que evite que las personas lleguen a prisión. Hoy por hoy tenemos una política criminal que está llevando a la cárcel a un gran número de personas, que no les garantiza posibilidades de resocialización, y que por otro lado las coloca en situaciones en donde es mucho más fácil que cometan nuevos delitos.
P: Doctor, ¿cuál es su opinión de que, bueno, el año pasado ustedes emitieron varias Recomendaciones en donde pidieron la intervención de peritos internacionales, la violación de normas internacionales por parte de autoridades capitalinas y que fueron derivadas también en Recomendaciones y en intervención de peritos? ¿Cuál es su opinión al respecto?
LGP: Bueno, en la medida en que las instituciones no tienen credibilidad es necesario recurrir, en este caso, a criterios internacionales. A nosotros nos parece que eso es deseable, también nos parece muy adecuado que haya sido la propia Procuraduría la que lo haya propuesto, y estamos seguros de que esos dictámenes van a generar mayor certeza.
P:¿Pero claramente se ve que incluso también reclusorios violentan estas normas, estas reglas internacionales…?
LGP: Así es…
P: …La Secretaría de Seguridad Pública, Procuraduría, reclusorios.
LGP: Sí, me parece que es importante hacerle un llamado al Gobierno de la ciudad para que atiendan no solamente a la normativa nacional, a la normativa local, sino de manera fundamental a los lineamientos que hay en los tratados internacionales que son parte de la legislación positiva mexicana.
P: Doctor, ¿me puede dar su opinión respecto a este fenómeno que está surgiendo de los ninis, de los jóvenes que ni trabajan ni estudian?
LGP: Claro que sí. De entrada la Comisión ha dicho en múltiples ocasiones que es importante evitar utilizar esta denominación para no caer en un nuevo proceso de estigmatización de la juventud. Desafortunadamente se les ha denominado así planteando la idea de que se trata de un grupo de jóvenes que no quiere ni trabajar ni estudiar, pero esa es una apreciación simplista. Lo cierto es que las condiciones económicas, sociales, el acceso a la educación, el acceso a oportunidades laborales no son igualitarios y dejan en esa situación de desocupación a una importante cantidad de jóvenes. Ahí, desde el punto de vista de la Comisión, es necesario que el Gobierno de la ciudad, y el Gobierno en general del país, cree esas oportunidades antes de calificar o estigmatizar a los jóvenes.
P: Doctor, en este sentido de los dictámenes, ya van a cumplir dos años sobre el tema del New´s Divine, todavía no hay sentencias, por parte del caso Coppel tampoco todavía se define si hay culpables, ¿cuál es su opinión al respecto?
LGP: En el caso New´s Divine sabemos que hay un dictamen ya de los que se hizo en los organismos internacionales, ese dictamen confirmó lo que el Informes Especial y la Recomendación de la Comisión plantearon en su momento; y también hay resoluciones ya en los casos de los principales titulares de las instancias que estuvieron involucradas en el problema. Todavía están pendientes una serie de procesos, que esperamos nosotros ya muy pronto se resuelvan.
P: De manera general, ¿cuáles son las mayores violaciones, las más recurrentes, a derechos humanos?
LGP: Desafortunadamente por los datos que tenemos el foco rojo se encuentra en el sistema de justicia penal, tanto en el ámbito de la seguridad pública, como en el del proceso y por supuesto en el de las cárceles. Ahí es muy importante que el Gobierno de la ciudad asuma la obligación que tiene de implementar la reforma penal constitucional que ya tiene dos años, año y medio, de haber sido aprobada y que supondrá colocar criterios para disminuir la violación de derechos humanos, que hoy por hoy es la más preocupante.
P:¿Qué hace falta en los penales para evitar la violación a los derechos humanos?
LGP: Bueno, lo primero que hace falta es despresurizarlos. Tenemos una sobrepoblación superior al 100% en los penales, y es necesario que evitemos que más gente siga llegando a estas instituciones en las condiciones en las que están.
P: Hablaba usted en un principio de los abusos policiacos que se han recibido, ¿pero considera que es necesario reformas las leyes para permitir al policía actuar para defender a los ciudadanos sin que se considere agresión a los derechos humanos?
LGP: El ejercicio de la seguridad pública pasa por la acción necesaria de la policía cuando es importante defender a un ciudadano respecto de la comisión de un delito. No se puede argumentar que para respetar los derechos humanos la policía queda inactiva, porque eso también viola los derechos en este caso de las víctimas. De ahí la necesidad de plantear programas de capacitación que se oriente a un modelo de policía democrática, un modelo de policía que sirva a los fines de la construcción del tejido social en la ciudad.
P: Por otra parte, ¿hasta qué punto usted considera que los diputados se han negado a llamar a cuentas a los funcionarios que se niegan a cumplir las Recomendaciones emitidas por ustedes?
LGP: Bueno, hasta ahora eso tiene que ver con el procedimiento que existe en la Ley de Derechos Humanos del Distrito Federal, que supone que es el Ombudsman quien solicita esta comparecencia. Estamos precisamente planteando la necesidad de una reforma que haga que motu propio la propia Asamblea sea quien llame a cuentas a todos los funcionarios que no acepten una Recomendación.
P: Pero al menos ya van dos legislaturas que han querido llamar a cuenta al funcionario y se ha frenado todo, ¿en su opinión a qué obedece?
LGP: Porque desafortunadamente el mecanismo no ha sido eficiente para los fines para lo que se supone que ha sido pensado. Es decir, los funcionarios vienen, rinden una explicación y se van nuevamente a desempeñar su función sin que haya ningún mecanismo que los obligue a cumplir o a aceptar las Recomendaciones. Por esa razón es que definitivamente la Comisión dejó de hacer llamados en ese sentido a la Asamblea. Pensamos que es necesario reformar la ley para que la Asamblea tenga dientes suficientes como para obligar a las autoridades a aceptar las Recomendaciones o bien para justificar plenamente los casos en los que no las aceptan.
P:¿Pero no más bien tendría que tener dientes la Comisión de Derechos Humanos, que es algo que se ha planteado, pero nunca se ha querido avanzar?
LGP: Sí, se ha planteado en diversas ocasiones, pero nosotros somos un defensor, eso quiere decir que somos parte. Si nuestras Recomendaciones fuesen obligatorias eso nos haría equiparables a los jueces, y eso tendría efectos en el diseño general de la figura del Ombudsman, y para empezar no permitiría distinguir entre lo que hace un juez y lo que hace el Ombudsman. Con eso seguramente se producirían problemas de dilación mayores, problemas de formalización mayores, y de prueba también. Entonces la respuesta no está en hacer obligatorias las Recomendaciones, sino en generar los mecanismos para que las autoridades las cumplan.
P: En materia de agua, les señalaban que consideran discriminatorio, por lo menos el PAN, este nuevo esquema de tarifas que planteó el Distrito Federal. ¿Cuál es su opinión y si ha recibo quejas al respecto? ¿En el caso de que sí se estén haciendo cobros qué va a hacer la Comisión de Derechos Humanos?
LGP: No hemos recibido quejas; sin embargo, sí entramos ya en pláticas con el Director de Aguas de la Ciudad de México, ahí a iniciativa de él, tengo que decirlo así, para revisar el tema de las tarifas del agua. Es importante para la Comisión que en todo caso la política pública en este materia no resulte discriminatoria y que permita generar igualdad de acceso, particularmente a aquella zonas en donde esta situación no ha ocurrido, donde no hay acceso al agua.
P: Doctor, en materia de impartición de justicia, usted en su Informe no se menciona el total de quejas que recibió la Comisión en contra de la Procuraduría capitalina. Hace un énfasis en que a pesar de las Recomendaciones y que las acatan, no ha sido suficiente, ¿ya está superado el esquema convencional de la Recomendación como tal y habrá que buscar otros mecanismos?
LGP: A mí me parece que lo que es importante aquí es reforzar el compromiso que el Gobierno de la ciudad debe tener, a través de las distintas Secretarías de Estado, para el reconocimiento de aquellas situaciones que generan violaciones a los derechos humanos, la responsabilidad que tienen en la reparación del daño y el compromiso también en generar condiciones que eviten la repetición de estos actos. No puede ocurrir que la autoridad banalice las Recomendaciones. No es el caso de la Procuraduría en términos de aceptación, que tenemos que decir que se han aceptado las Recomendaciones emitidas a este órgano…
P: ¿Pero no se cumplen?
LGP: Pero sí lo es en términos del cumplimiento. Efectivamente sabemos que ese cumplimiento ha sido mínimo, que en muchos debido a diversas circunstancias que han implicado por ejemplo la intervención de organismos internacionales para clarificar situaciones, pero sí es importante hacer un llamado ahí al Procurador de Justicia de la ciudad para que se comprometa con el cumplimiento de las Recomendaciones que ya aceptó.
P: ¿Qué autoridades serían las que no están cumpliendo?
LGP: Bueno, desafortunadamente tenemos problemas de cumplimiento en la Secretaría de Seguridad Pública, en el Sistema Penitenciario, en la Procuraduría de Justicia de la ciudad, en algunas delegaciones también, desde luego.
P: Del total de las quejas, ¿cuántas serían para la Procuraduría y el Ministerio Público?
LGP: La mayoría de las quejas son para la Procuraduría, de ahí una parte tienen que ver con la Policía de Investigación y otra parte con el Ministerio Público. Del Ministerio Público habría que distinguir aquellas que se refieren a la obstaculización de derechos para las víctimas y otras que implican la violación de derechos para los inculpados. Ese es el sector del que más quejas se reciben en la Comisión.
P:¿Nuevamente la Procuraduría encabeza las quejas de la Comisión de Derechos Humanos por violaciones?
LGP: Así es, nuevamente.
P: Y en este caso de la Policía Investigadora, ¿qué tanta relación tienen con las quejas de tortura que también mencionaba ahorita en su intervención?
LGP: Bueno, recibimos diversas quejas de tortura y emitimos dos Recomendaciones que tienen que ver con ese tema. En un caso se refiere a la Policía de la Secretaría de Seguridad Pública, y el otro a Reclusorios. No tenemos datos verificados de tortura, en este periodo, a cargo de la Procuraduría de Justicia de la ciudad.
P: Doctor, en otro tema la ONU se pronunció a favor de que desaparezca la figura del arraigo en México, ¿ustedes ya entraron en contacto con el Procurador capitalino para solicitarle un informe y que el Centro de Arraigos que está a su máxima capacidad y ha sido superado, que estas personas sean liberadas?
LGP: Tenemos una queja en curso en la que estamos investigando el tema. Sí nos hemos acercado a la Procuraduría ya de manera oficial, para solicitarle información, también lo hemos hecho con el Tribunal Superior de Justicia que es el que está autorizando los arraigos. Es un tema de preocupación y nos pronunciaremos pronto.
P: Pero en ese sentido, ¿qué opinión le merece el pronunciamiento de la ONU, es grave, es benéfico?
LGP: Por supuesto que acompañamos el pronunciamiento. En diversas ocasiones nos hemos manifestado en contra del arraigo. Aun cuando hoy está considerado como una medida constitucional, estamos seguros de que es importante revisar esa figura y erradicarla en la medida de lo posible.
P: ¿Cuándo se piensa reunir con el Procurador capitalino para plantearle la figura del arraigo y su desaparición?
LGP: Lo haremos de manera oficial, porque tenemos una queja. Entonces, una vez que se agote la investigación de esa queja, haremos un pronunciamiento oficial al Pronunciamiento.
P:¿Cuál es su pronunciamiento respecto del patrullaje del Ejército en las calles?
LGP: En múltiples ocasiones hemos dicho que no lo consideramos de ninguna manera una solución al problema de la delincuencia, al contrario, lo que hemos visto es que se han incrementado el número de violaciones a derechos humanos, que desafortunadamente incluyen la muerte de civiles, eso llama la atención sobre la necesidad de revisar la estrategia y de, a la brevedad posible, sacar al Ejército de las calles. Sabemos que el problema es de una magnitud tal que hoy por hoy no se resuelve con la policía, pero es necesario que se establezca una estrategia que pernita que el Ejército actúe en la menor cantidad de casos posibles, y si lo hace, lo haga también con los límites necesarios al uso de la fuerza y con las responsabilidades por la pérdida de vidas de personas inocentes.
P: En el caso del agua, que haya muchas irregularidades y cobros excesivos, que se compruebe que es imparcial esta clasificación que se hace de ricos, pobres, ¿la Comisión podría llegar a presentar una Acción de Inconstitucionalidad o qué se tendría qué hacer?
LGP: No, porque la Acción de Inconstitucionalidad tiene un tiempo específico. Lo que sí podríamos es recomendar, en su caso, a la autoridad del ramo para que revisara, en todo caso, esa política, pero desde luego eso implica todavía hacer la investigación y recuperar la información que estamos ya solicitándole al Sistema de Aguas y a la Secretaría de Finanzas.
P:¿Han recibido denuncias?
LGP: No, no hemos recibido denuncias. Gracias.
