martes , 31 enero 2023

Sesión de preguntas y respuestas de la Firma de Convenio de Colaboración entre la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) y el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

Transcripción 12/2010
10 de febrero de 2010

Pregunta (P): ¿Cuál es la columna vertebral de la defensa que van a hacer ustedes en contra de la acción de inconstitucionalidad que interpuso la PGR, la jurídica?

Alejandro Madrazo Lajous, del CIDE: Primero hay mucho trabajo todavía por hacer, tenemos dos semanas, entonces quedará definida la demanda después del trabajo que realicemos. Estamos ya trabajando pero todavía no hemos terminado el trabajo. Te puedo adelantar un poco cuáles son las líneas que se abordarán, no quiero ser muy técnico y aburrido, pero más o menos por ahí va. Hay una dimensión procesal que hace improcedente la demanda en alguno de los aspectos, concretamente en el caso de la adopción, como lo señaló correctamente la Diputada Barrales; no se modificó la norma que rige la adopción. No existe un mandato constitucional para modificar la norma que rige la adopción, y por lo tanto lo que está haciendo la PGR es impugnar una omisión legislativa, lo cual no procede jurídicamente. Además de que es un falso debate porque la adopción por parejas homosexuales ya se permitía en la legislación del Distrito Federal a través de la equiparación de las Sociedades de Convivencia con el concubinato. Estas son las cuestiones procesales por así decirlo. Hay, yo diría, dos derechos fundamentales que tienen que ser torales en la defensa entrando ya en sustancia. Primero es el Derecho a la Igualdad que va íntimamente vinculado con el Derecho a la No Discriminación. No Discriminación en dos sentidos. Primero sería el que se le haya privado durante tantos años a las parejas homosexuales unirse mediante el matrimonio, era en sí mismo discriminatorio. Se dice que tenían acceso al régimen de Sociedad de Convivencia y es cierto, mejoró la situación, pero el hecho de quienes somos heterosexuales pudiéramos optar por entre un régimen y otro, y quienes son homosexuales sólo tuvieran las Sociedades de Convivencia, nos habla ya de un trato diferenciado y siendo que ese trato diferenciado no se justifica, y un trato discriminatorio. El segundo, lo que la PGR está pidiendo o está diciendo que debió haber hecho la Asamblea Legislativa es… dicen que debió haber establecido un candado para que las parejas homosexuales que contrajeran matrimonio no pudieran adoptar. Eso hubiese sido discriminatorio. Eso hubiera sido violatorio de los derechos fundamentales, eso hubiera tenido que pasar una prueba de constitucionalidad que la Asamblea Legislativa correctamente valoró que no podría pasarse, por lo tanto no se incluyó ese candado. Tercero, hay una dimensión que creo es muy importante y es un tema que se ha venido discutiendo, pero en el cual vamos a insistir: hay una dimensión simbólica y expresiva del matrimonio. Cuando nos casamos, nos casamos y vamos al registro, firmamos un contrato, establece derechos de personas y derechos patrimoniales, pero establecemos también una relación con una persona y lo hacemos públicamente, lo hacemos ante la sociedad, los hacemos ante nuestros amigos, los hacemos ante nuestra familia, lo hacemos ante el Derecho, lo hacemos ante el Estado. Hay una dimensión expresiva de esa unión, de ese acto, si no hubiera esa dimensión expresiva y celebratoria no tendríamos cumbia, ni velo, ni pastel, ni toda la parafernalia que acompaña las bodas. Es profundamente expresiva y profundamente simbólica la celebración de un matrimonio. En ese sentido, las parejas homosexuales con todo derecho querían, y ahora podrán, expresar su solidaridad y expresar su amor a través de ese vehículo. Al hacerlo a través de ese vehículo lo que están diciendo es ‘nuestra unión es tan legítima como una unión heterosexual’. Es precisamente la dimensión simbólica y la dimensión cultural del matrimonio que es lo que ha puesto a la derecha a responder de esta forma tan agresiva. Quieren monopolizar el símbolo del matrimonio, el símbolo histórico de la unión legítima, eso no se vale. Se ha mencionado mucho en los medios que lo que más le importa a la Procuraduría es el tema de la adopción, ese es un falso debate. Ese es un falso debate porque la adopción no cambió en ningún sentido, no cambió el texto legal, no cambió la posibilidad sustantiva de que parejas homosexuales, como parejas ya adoptaran, eso ya se podía desde antes, entonces lo que sí cambió es el discurso en torno a las uniones de parejas homosexuales. El discurso antes segregaba y distinguía, decían ‘utilizan una figura genérica o similar’, como si fueras a las farmacias genéricas o similares. Ahora la Asamblea Legislativa está diciendo, lo que la comunidad homosexual ha reclamado, ‘no queremos similares, no queremos genéricos, queremos expresar que nuestra unión es tan legítima como cualquier otra unión’.

P: ¿Nos podrían decir la ruta, los tiempos que vienen, para cuándo se estarían reuniendo, si hay acercamiento con alguno de los Magistrados, perdón… de los Ministros de la Suprema Corte? Preguntarle al doctor González Placencia, ¿si la Comisión se unirá a esta defensa o será a parte del posicionamiento que llevará a cabo?

José Antonio Caballero Juárez, del CIDE: En cuanto a la ruta crítica. En este momento lo que estamos haciendo es estudiar a fondo y establecer una serie de estrategias para lo que va a ser la contestación a la acción de inconstitucionalidad. Para hacer esto necesitamos revisar no sólo los argumentos que está planteando la PGR, sino revisar otras muchas cosas. En muy buena medida no estamos discutiendo cuestiones novedosas desde el punto de vista del Derechos Internacional de los Derechos Humanos. Nuestro punto será empezar a trabajar sobre esto y tener una serie de reuniones que nos puedan preparar para tener que contestar a tiempo. ¿Cuándo es contestar en tiempo? Hacia el 23 de este mes.

Luis González Placencia (LGP): Nosotros no somos parte en el litigio, sin embargo el día de mañana vamos a tener una conferencia de prensa junto con el Consejo de la Comisión para fijar nuestra posición. También en el seno del Consejo vamos a evaluar la posibilidad de presentar un amicus ante la Corte. Esa sería la manera en que la Comisión podría contribuir en este debate.

P: ¿Cuál es la confianza que ustedes tienen en torno a la resolución que pudiera dar al Poder Judicial, sobre todo frente a versiones o injerencia del clero, incluso ayer me parece que anunciaba la Arquidiócesis en México que iba a publicar un código sobre el matrimonio, quisiera saber su postura al respecto?

José Antonio Caballero Juárez, del CIDE: Nosotros tenemos amplia confianza de la resolución de la Suprema Corte, este es un asunto jurídico en términos generales. Nuestra Suprema Corte de Justicia tendrá muchísimos elementos para valorar los méritos de la legislación de la Asamblea del Distrito Federal, nos parece que hay muchas otras Cortes en el mundo que ya se han expresado en ese sentido. Nos parece sobre todo, y creo que Miguel aquí lo planteó perfectamente bien, estamos hablando de los valores… de la democracia.

LGP: En lo que respecta a la Comisión te diría que coincidimos con el diagnóstico hecho por los constitucionalistas, hicimos nosotros también un análisis, no encontramos por dónde pueda haber algún vicio de inconstitucionalidad. Confiamos en que la Corte haga uso de su poder contramayoritario y de que más allá de cualquier presión que venga de donde venga, aplique un criterio jurídico. Si eso es así, tenemos absoluta certeza de que se declarará la constitucionalidad de la ley. Respecto de lo que dices del código de matrimonio anunciado por la Iglesia católica, aprovecho la oportunidad para decir que esta reforma no está invadiendo en nada el matrimonio religioso, el matrimonio religioso católico, judío, o cualquier otra unión que pueda estar legitimado por alguna religión, no está siendo invadido por la reforma civil, esta es una reforma al matrimonio civil. En ese sentido está bien que hagan un código para regular su propio matrimonio, eso tampoco tiene que afectar este debate.

Javier Angulo Nabora, del CIDE: Es importante señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nacional tiene la oportunidad para definirnos qué tipo de derechos, qué tipo de democracia, qué tipo de libertades vivimos los mexicanos. Ya en el aborto demostró la SCJN que podemos vivir en una sociedad con derechos y libertades. Me parece terrible que haya que ir siempre a la SCJN a estarnos rasguñando, arañando los derechos. Me parece que tendríamos que hablar en términos no tolerancia, sino de igualdad; no deben de tolerar porque no somos algo que deban de tolerar, aquí hay igualdad en todos sus términos. Y en esto hay plena confianza en los méritos jurídicos y plena confianza en la SCJN que ha demostrado que con su poder contramayoritario puede imponer las razones del Derecho y puede generar una sociedad en la que se viva con derechos como éste en el Distrito Federal a distinción de algunos otros estados de la República.

Gail Aguilar Castañón, del CIDE: Si bien es cierto que la laicidad es un tema relacionado y periférico con personas de mismo sexo, matrimonio y adopción, es un debate que me parece no es el tema central en la acción de inconstitucionalidad. Justamente estábamos revisando el día de ayer que la Corte Suprema de Estados Unidos tiene precisamente este tema cuando la homosexualidad y las cuestiones de laicidad, conforme con la primera enmienda, tiene que ver los dos temas en un mismo foro. Sin embargo creo que es un momento muy importante para pensar en este debate en un momento posterior.

P: En otras Cortes del mundo se ya ha resuelto este tema, ¿en qué sentido, es constitucional o inconstitucional en la mayoría de estos casos?

Dr. Miguel Carbonell: En ningún país del mundo se ha declarado inconstitucional el matrimonio entre personas del mismo sexo por ninguna Corte Suprema, por ningún Tribunal Constitucional. Nuestro régimen de derechos fundamentales es vigente, en México es muy similar a que tienen otras democracias constitucionales en el mundo y por eso es que nosotros tenemos enorme confianza en que la Corte terminará haciendo una apropiada lectura jurídica, que es lo que corresponde en este caso, y declarará la completa y absoluta validez de la reforma aprobada por la ALDF.

Alejandro Madrazo Lajous, del CIDE: Solamente subrayar un aspecto de este litigio. Se está llegando a este litigio no porque a través de la Judicatura las minorías sexuales estén reclamando sus derechos ante la Corte. Se está llegando a este litigio porque las cosas han sucedido como debieran de suceder en materia de derechos fundamentales porque el legislador, en este caso la ALDF, ha modificado y hecho las adecuaciones necesarias para garantizar plenamente los derechos fundamentales. Quienes llevan esto ante la Corte son quienes se oponen a esa ampliación de los derechos que ha hecho la Asamblea Legislativa. En ese sentido, es desde una posición de fortaleza que se está defendiendo esta legislación, de fortaleza política porque una clara mayoría de representación popular de esta ciudad aprobó las reformas, de fortaleza procesal porque la Corte para estos casos contempla una supermayoría para poder declarar inconstitucional, ocho Ministros, y fortaleza jurídica, porque lo único que hizo la Asamblea fue llevar a sus consecuencias lógicas la consagración de derechos fundamentales, llevarla en la legislación ordinaria, llevar a las consecuencias lógicas el Derecho a la Igualdad, el Derecho a la No Discriminación, y el Derecho a la Libertad de Expresión. En todos estos sentidos, es desde una posición de fuerza que se está defendiendo a esta legislación, como debiera ser. Siempre es mejor que sea el legislador quien amplíe los derechos y el Poder Judicial quien ratifique, y no que sea el Poder Judicial quien tenga que hacer respetar los derechos en contra de la decisión del legislador. Creó un comportamiento ejemplar por parte del Poder Legislativo local y estoy seguro que contaremos con un comportamiento ejemplar por parte del Poder Judicial Federal.