Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
Boletín 01/2010
2 de enero de 2010
La prevención de la violencia y la criminalización de la infancia son dos de los grandes pendientes a 20 años de que se aprobara la Convención de los Derechos del Niño (CDN), instrumento de Naciones Unidas que representó un avance para la construcción de la infancia como concepto, ya que partir de ésta, niños y niñas son vistos como sujetos de derechos.
En el número de enero de este 2010 la Revista DFensor de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) dedicado a los Derechos de la Infancia, la integrante del Comité por los Derechos del Niño de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Susana Villarán, señala que otro de los retos de la CDN es la protección integral de las niñas y los niños frente a la mercantilización.
Y es que, apunta la ex Relatora de la ONU para los Derechos de la Mujer, no basta con señalar de manera retórica que hemos cambiado el paradigma, “la revolución de la protección integral del niño como sujeto de derechos tiene que vivirse efectivamente, en las sociedades, en las instituciones, en nosotros y en los propios niños, en su conciencia de ser sujetos de derechos”.
Susana Villarán resalta que estos 20 años de la Convención dejan como tarea y responsabilidad trabajar no pensando en los niños como “quienes llegarán a ser personas”, sino con la certeza de que ya lo son.
La especialista expone que la CDN aporta la idea de que la infancia debe ser protegida de los riesgos sociales, no porque sea vulnerable, porque los niños y las niñas no son vulnerables per se; “si lo son es porque están siendo víctimas de discriminación, de violencia, de formas de vida en exclusión que los convierte en vulnerables, pero los niños y niñas no son vulnerables por naturaleza”.
Advierte que esa es la filosofía de la Convención, y lo que se plantea es que el niño y la niña tienen derechos y libertades que trascienden el acceso a los cuidados y servicios de salud. “Es ir más allá, cambiar la visión de vulnerable, pero esto es una tarea pendiente”.
Destaca que el adolescente no aparece en la Convención y es justamente a esa población la que hoy en día se ve inmersa en problemas que deben ser prioridad, como las violaciones a sus derechos sexuales y reproductivos, el narcotráfico, la violencia y los conflictos armados.
“Yo he visto la situación que padecen los niños involucrados en conflictos armados. Particularmente en América Latina los niños y las niñas viven realidades que no estaban contempladas hace 20 años, por ejemplo, las bandas criminales reclutan miembros cada vez más jóvenes”.
Alerta sobre nuevas formas emergentes y terribles en el escenario del crimen organizado global e internacional que utiliza a niñas y niños para producir pornografía y para redes de Explotación Sexual Comercial, dentro y fuera del marco de la trata de personas. “A pesar de este panorama, la CDN es la única que no tiene un mecanismo, un protocolo para revisiones individuales, es decir, para casos individuales”.
Por lo anterior, Villarán afirma que a 20 años de la Convención, una de las deudas que hay es que niños y niñas estén legitimados para acudir a algún órgano internacional y poder exigir justicia cuando han sido violentados sus derechos, tanto en el sistema interno de justicia de su respectivo país, como en algún órgano universal de protección que pueda hacer algo efectivo para garantizar la justiciabilidad.
En ese sentido, indica que los miembros del Comité por los Derechos del Niño de la ONU tienen la propuesta de que la Convención tenga un Protocolo Facultativo para las revisiones individuales. “Para atender estos pendientes es fundamental que el Estado evalué, que las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) exijan y, que los niños y niñas participen en la elaboración de los informes y en el proceso del monitoreo.
Por otra parte, sostiene, los programas dirigidos a la infancia deben ser programas protegidos, presupuestos estratégicos. “En la CDN es que tienen que establecerse mínimos de inversión de recursos, mismos que nos dan una ruta de exigibilidad, no para hacer una conferencia muy bonita con conceptos sino en el gobierno local”.
Susana Villarán hace énfasis en la necesidad de monitorear las condiciones de vida y las políticas de infancia de forma permanente, porque no es una dádiva, no es un asunto asistencial, es un asunto de derechos.
