miércoles , 19 enero 2022

Entrevista al Presidente de la CDHDF, Luis González Placencia, en la inauguración de la Mesa Redonda Experiencias Regionales sobre la Prisión Preventiva en el Contexto de la Reforma Procesal Penal.

Transcripción 6/2010
28 de enero de 2010

Pregunta (P): Doctor, sobre el error cometido por la Procuraduría en las investigaciones del caso Cabañas. ¿Qué opina de que haya confundido a uno de los agresores?

Doctor Luis González Placencia (LGP): Bueno, lo que nos parece aquí es que hay que hacer un llamado para que la Procuraduría brinde certeza jurídica en la investigación. A mí me parece que eso es importante. Está en función del principio de presunción de inocencia. En este caso, bueno, se dio a conocer la identidad de una persona que no era la que estaba siendo efectivamente involucrada en la investigación, y eso pues eventualmente afecta a la persona. Entonces ahí la Comisión hace un llamado a la Procuraduría para que privilegie el principio de presunción de inocencia, y para que brinde certeza jurídica en la investigación.

P: ¿Ustedes podrían iniciar alguna queja de oficio por este caso?

LGP: Estamos analizando si incorporamos este evento a la queja que tenemos ya abierta con el caso. Estaría en la Tercera Visitaduría. Sí, abrimos la queja de oficio para analizar cuáles fueron las condiciones de funcionamiento del Bar-Bar, y probablemente incorporemos esta línea también ahí.

P: Doctor, la PGR lleva a la Corte los matrimonios gay y la adopción, ¿cuál es el punto de vista de la Comisión, porque nuevamente hace esto?; primero lo hizo con la ley del aborto y ahora con esta aprobación en el Distrito Federal.

LGP: Bueno, la Comisión ha sido muy clara en su posición. Desde nuestro punto de vista no hay ninguna posibilidad de interpretar que hay algún tipo de constitucionalidad con esta ley. Al contrario, es una ley que amplía derechos. Sin embargo, la Procuraduría tiene sus propios argumentos y esa es una de sus facultades. Ahora, lo que en todo caso es conveniente comentar es que el asunto se va a dirimir en la Corte, y con eso reforzamos que son las instituciones del Estado laico en donde se lleva a cabo el debate.

P: ¿Pero esta controversia obedece expresamente a la presión de los grupos conservadores, doctor?

LGP: Sí, así es. La Procuraduría General de la República tendrá que explicar las razones, y seguramente lo ha hecho, en argumentación de la acción de inconstitucionalidad.

P: ¿Es un retroceso lo que hizo la PGR?

LGP: Desde el punto de vista de nosotros sí implica una restricción en los derechos humanos de las personas, en este caso de las personas que pertenecen a las comunidades lésbico-gay. Ellos tendrán sus razones y las habrán argumentado jurídicamente.

P: ¿Será un sesgo de discriminación?

LGP: Si la Corte fallara a favor de esa acción a mí me parece que claramente sí abría un sesgo de discriminación.

P: ¿Pero desde el origen mismo, doctor, al haber presentado la controversia la PGR?

LGP: Bueno, evidentemente la PGR no está tomando en cuenta que todas las personas en este país tenemos los mismos derechos, que el Artículo 1ro. de la Constitución señala con toda claridad que nadie, absolutamente nadie, por ninguna condición, especialmente por la orientación o la preferencia sexual, está exento de las garantías de la propia Constitución, y por lo tanto debe tener los mismos derechos. En mí opinión, un Estado constitucional tiene que avanzar hacia la consolidación de estos derechos, y hacia la incorporación de nuevos derechos, siempre en el sentido de abrir las posibilidades de que más personas tengan acceso a derechos.

P: Doctor, se habla de que la PGR obedece a intereses particulares y que no está apoyando a las minorías en este caso de la capital. ¿Estaría de acuerdo con eso?

LGP: No tengo claridad sobre cuáles fueron los argumentos que la Procuraduría esgrimió para llevar adelante la acción de inconstitucionalidad. En todo caso lo que es relevante es que ahora ya se torna en un debate jurídico. Entonces habrá que esgrimir argumentos estrictamente jurídicos, y en ese sentido en opinión de la Comisión no hay manera de que la Corte declare inconstitucional esta ley.

P: Respecto a la encuesta del PAN, que sometió el PAN a consulta, en donde dice que la mayoría no está de acuerdo con estos matrimonios entre parejas del mismo sexo, ¿qué opinión le merece?

LGP: Pues los datos que yo conozco, al contrario, dirían que se trata de una de cada dos personas. Ahora, esa es la opinión personal, a mí me parece que las encuestas en todo caso lo que nos muestran desde la perspectiva de los derechos humanos es la magnitud del reto que tenemos para concientizar a las personas sobre la importancia que tienen estos derechos. Es decir, tanto la Comisión local como las Comisiones del país y la Comisión Nacional, tendríamos que asumir como un reto que la mitad de la población tiene que aprender a ser más tolerante, tiene que aprender a respetar los derechos de las personas que piensan o actúan diferente a nosotros.

P: Doctor, regresando a la queja de oficio que se abrió hacia la Delegación Álvaro Obregón, ¿se le va a solicitar algún tipo de informe a esta demarcación?

LGP: Seguramente ya se solicitó porque la queja fue abierta ayer, entonces debe haber ya sido solicitado. Tengo entendido que el Delegado envió, inclusive antes de que se solicitara la información, un expediente acá. Eso no lo tengo confirmado, pero sé que eso declaró el Delegado.

P: ¿Qué tipo de información es la que le envían a la Comisión?

LGP: Nosotros investigamos toda la parte administrativa, los mecanismos de funcionamiento, de la supervisión frente al Bar-Bar, y lo haremos pues en el lapso de los últimos cinco años. Haremos una revisión, como lo hicimos en el caso del New´s Divine que ustedes recordarán, de los antecedentes del funcionamiento del lugar, y de la manera en que la Delegación debió supervisar en todo caso este lugar. Vamos a verificar las licencias, vamos verificar si hay antecedentes que nos permita presumir alguna irregularidad, y esa es la línea en la que vamos a trabajar.

P: Doctor, no resulta sospechoso que en los casos como el Lobohombo y el caso New´s Divine a los primeros que se citó a declarar fueron a los dueños, y en este caso ni los dueños aparecen ni a los dueños tampoco se la ha citado a comparecer ante el Ministerio Público. ¿No hay una cierta sospecha ahí de que hay una cierta protección?

LGP: Bueno, ya le toca al Procurador ahí decidir a quién llama a declarar. Es posible que nosotros sí lo hagamos, porque ahí, como parte de la línea de investigación, estableceremos si es necesario tener el testimonio de los dueños, pues los vamos a traer para acá.

P: Doctor, ¿qué opinión le merece el megaoperativo que se va a realizar este fin de semana en antros y cree que combatirá las causas estructurales del problema?

LGP: Yo creo que el operativo puede tener un resultado eficiente eventualmente, pero aquí lo importante es generar una solución de fondo, una solución estructural. Ya desde la Recomendación del caso New´s Divinelo habíamos planteado, y por eso es que se crea el Instituto de Verificación. Si este Instituto efectivamente cumple con sus funciones lo que vamos a tener ahora es mayor certeza en las verificaciones, que serán integrales y tendrán un carácter preventivo también.

P: ¿Este operativo se puede calificar como un impacto mediático, una medida de respuesta inmediata, ante las críticas que han surgido?

LGP: Bueno, me parece que es una reacción previsible. Creo que el operativo puede dar como resultado efectivamente que estas prácticas de corrupción por lo menos se atemperen, pero insisto mucho en que aquí la temática es generar una solución de carácter estructural.

P: ¿Ustedes van a participar en ese operativo o han enviado medidas precautorias, alguna medida preventiva?

LGP: No vamos a participar. Hasta ahora no hemos decidido hacerlo. Tampoco hemos recibido ninguna solicitud de parte del Gobierno de la ciudad para participar. La posición de la Comisión es que en este caso seguramente no participaríamos, aunque sí enviaríamos medidas precautorias.

P: Doctor, el interno Hernández Alanís dice que se violentaron sus derechos, que hay daño moral no en contra de su persona, pero sí en contra de su familia. Ustedes van a iniciar una queja de oficio, ¿este testimonio es suficiente porque lo hizo ante el Secretario de Acuerdos ayer en el Juzgado 56 que atiende su caso? ¿Esto es más que suficiente para que ustedes lo anexen a la queja de oficio?

LGP: Sí, lo que vamos a hacer seguramente es que lo vamos a incorporar a la queja que ya tenemos abierta, y sí habría ahí una línea de investigación, porque efectivamente de manera presunta habría la violación del derecho de esta persona a la intimidad.

P: ¿Pero qué pasa con las investigaciones de la Procuraduría? ¿Es muy fácil inculpar a cualquier persona interno o no interno y causarle un daño moral?

LGP: Como he dicho, aquí es importante hacer un llamado a la Procuraduría para que genere certeza jurídica en la investigación, para que pondere el principio de presunción de inocencia y para que modere en todo caso al anuncio de conclusiones que no están todavía debidamente sostenidas.

P: Doctor, por último, ¿el hecho de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos no haya decidido hasta el momento poner este recurso de inconstitucionalidad da una buena señal de las pocas probabilidades que tiene la PGR o aún habría que estar a la espera porque sí lo hizo con el aborto?

LGP: Entiendo que el plazo se vence hoy, si no me equivoco, y entiendo también que la Comisión Nacional no está en el ánimo de ejercer esta acción de inconstitucionalidad. Eso me parece que efectivamente por lo menos plantea la idea de que una buena parte de quienes defendemos derechos humanos estamos convencidos de que estas leyes, de que estas reformas, no solamente no son violatorias de derechos, sino que por el contrario amplían el espectro de protección de estos derechos.

P: Doctor, sobre el evento, ¿cuál es el objetivo de esta reunión?

LGP: Bueno, esta reunión se enmarca en una serie de discusiones que se están dando en el país desde que se aprobó la Reforma Penal Constitucional. Para la Comisión esta es una agenda muy importante, es una agenda central. Nosotros reconocemos en el sistema penal de la ciudad de México uno de los principales problemas, porque genera incertidumbre jurídica, como ya lo hemos visto, porque genera una gran cantidad de personas en reclusión que no son debidamente incorporadas a la sociedad, porque genera más delito. La reunión que tenemos esta mañana tiene como finalidad discutir la prisión preventiva, y tenemos expertos de diversas partes del mundo, especialmente de América Latina, gente que ya ha vivido una reforma similar en sus países y que trae experiencias que nosotros acá trataremos de revisar y en su caso impulsar.

P: Oiga, doctor, pero mucho se ha dicho, mucho se ha tratado el tema y ha habido muchas conclusiones, ¿pero qué es lo que se busca en este caso en particular?

LGP: Aterrizar la reforma. Tenemos tiempos ya muy claros y queda muy poco tiempo, por ejemplo, para llevar adelante las reformas en el terreno penitenciario. Evidentemente a este gobierno le toca hacerle frente a esta reforma en esta materia y esa es la razón por lo que estamos discutiendo acá en la Comisión. Ahora lo hacemos en conjunto con una serie de organizaciones que están preocupadas por este tema, pero lo haremos enseguida también con las propias autoridades de la ciudad. 

P: ¿Qué propondrían en este sentido?

LGP: Yo creo que la idea es muy clara: hay que reducir el uso de la prisión preventiva, hay que evitar sustituirlo por el arraigo, porque el arraigo es una especie de prisión preventiva, pero todavía con menos reglas, y tenemos que proponer mecanismos que permitan que las personas llevan a cabo su proceso en libertad. Salvo en aquellos casos en los que sea estrictamente necesario porque hay alguna razón objetiva y verificable que implique que tengan que estar privados de la libertad.

P: Doctor, pero esto ya se ha planteado una y otra vez en diferentes foros, en diferentes foros siempre son las mismas propuestas, ¿qué sería lo innovador en este caso?

LGP: Bueno, que tenemos la reforma ya, existe el andamiaje formal, eso no existía antes, y ahora la discusión es cómo llevamos eso a leyes. Más allá de las propuestas, tienes toda la razón, aquí el tema es cómo aterrizamos eso en leyes para que desde el punto de vista formal existan los mecanismos para poder acudir por ejemplo a las alternativas a la privación de la libertad.

P: ¿El hecho de que estas personas puedan cumplir su condena en libertad no implicaría que hubiera un mayor índice de delincuencia?

LGP: Qué bueno que me preguntas eso porque me permite aclarar una cosa, la prisión preventiva lo que supone es que las personas que están privadas de la libertad antes de ser consideradas culpables, por eso es que se considera una afectación a la presunción de inocencia y al derecho a la libertad. Es decir, cuando hablamos de que las personas cumplan su proceso fuera de la prisión nos referimos a personas que no han sido sentenciadas todavía, no han sido consideradas culpables, por eso tienen derecho a estar en libertad. Hay casos muy puntuales en los que esa libertad puede resultar un riesgo, por ejemplo, para las víctimas. En esos casos se justifica la privación de la libertad, pero son pocos casos. Aquí la idea es que haya menos gente en las cárceles, porque mientras más gente hay más problemas hay dentro de la prisión y hacia fuera de la propia prisión.

P: En este sentido, si un delincuente digamos entra a un nivel realmente bajo y sale ya preparado como todo un delincuente, ¿está fallando nuestro sistema de readaptación?

LGP: Totalmente, yo creo que no sólo está fallando, sino que nunca ha funcionado como tal. Al contrario, lo que tenemos ahí con toda claridad es una situación en la que ponemos juntos a quienes tendríamos que estar reincorporando a la sociedad. Y los ponemos en condiciones tales que se generan situaciones de ingobernabilidad, o bien de presencia de gobierno ajenos al gobierno legítimo de estos centros, que crean nuevas oportunidades de delito. Entonces ni siquiera tenemos que esperar a que salgan para que delincan, porque como todos lo hemos visto, desde adentro se delinque.

P: ¿No se convocó a nadie del sistema penitenciario o hay una falta de interés por parte de estos funcionarios?

LGP: No, en este momento respondimos a la convocatoria de varias de las instituciones y organizaciones que están ateniendo el tema, fueron ellos quienes decidieron la invitación, pero las conclusiones de este encuentro sí las vamos a discutir nosotros en un foro con las autoridades del Distrito Federal.

P: Doctor, hoy se cumple un año de la recuperación de 116 infantes de los albergues Casitas del Sur. Usted visitó hace apenas dos días el albergue de la Procuraduría capitalina, ¿qué encontró? ¿Cómo va el avance de la Recomendación, se cumplieron con los puntos recomendatorios que emitió la Comisión de Derechos Humanos?

LGP: En lo que se refiere al albergue encontramos avances importantes. Las instalaciones físicas del albergue son mucho mejores, la organización dentro del albergue es mucho mejor y los procedimientos para reincorporar a los niños a sus familias también han mejorado sustancialmente. El tema aquí es que siguen sin aparecer los niños y ese es un asunto que mientas no se resuelva, pues no nos va a permitir dar por concluida la investigación.

P: ¿Entonces a un año que se evidenció la desaparición de estos menores sería poco lo que ha avanzado si no aparecen estos niños?

LGP: Pues es la parte medular de la Recomendación y del problema, la necesidad de saber qué pasó con estos niños, dónde están y por el otro lado está el tema de las responsabilidades de los funcionarios, que tampoco han sido satisfechas. Muchas gracias.