Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
Boletín 17/2010
24 de enero de 2010
El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis González Placencia, calificó al actual sistema de justicia penal de la ciudad como obsoleto, que no otorga la posibilidad de un juicio justo y deja al Ministerio Público ser juez y parte.
En reunión con diplomáticos de la Unión Europea encabezada por el Ministro Consejero de la Embajada de España en México, Pedro Martínez-Avial Martín, precisó que uno de los problemas más graves en la capital es la inseguridad asociada al delito y la justicia penal.
El Ombudsman capitalino afirmó que este modelo de justicia ha generado graves daños en los últimos 20 años a través de la sobrepoblación penitenciaria.
Ante representantes de las Embajadas de Eslovaquia, Holanda, Chipre, Dinamarca, Polonia, Bulgaria, Bélgica, Suecia, República Checa, Francia, Portugal, Alemania, Rumania, Austria y Reino Unido, convocados en la Consejería de Educación de la Embajada de España, alertó que la política en materia de seguridad ha llevado a mucha gente a prisión.
Indicó que a partir de 2003, cuando se reformó el Código Penal del Distrito Federal y se tipificó el robo como grave, este delito no sólo se penaliza con cárcel, sino que además las personas son colocadas en prisión preventiva.
Señaló que lo anterior ha generado una sobrepoblación penitenciaria arriba del 100%. “Tenemos cárceles que fueron pensadas originalmente para no más de 10 mil personas, se adecuaron en la años 80 para 20 mil, pero hoy conviven más de 40 mil, y se tienen casos de prisiones en donde hay más de 10 mil personas”, subrayó.
Advirtió que la sobrepoblación deteriora las condiciones de vida de las personas en las prisiones, pero además crea un espacio propicio para la aparición de mayor delincuencia.
“Me parece que está claro que la sobrepoblación y el tiempo que la gente permanece recluida son propicios para que haya vinculación con delincuentes de mayor envergadura”, dijo.
Enfatizó que el sistema de justicia penal que empezó en los años 80 no sólo no ha resuelto el problema del delito, sino que además lo ha revitalizado.
Aseveró que para la CDHDF este tema es grave porque se ha construido una visión opuesta entre los derechos humanos y la seguridad pública, y con frecuencia “nos encontramos con un discurso social de reacción frente a lo que propone la Comisión y la idea que defiende a delincuentes”.
Manifestó que el problema es que no se ve cómo el discurso de los derechos humanos puede ayudar a disminuir la violencia estructural y a buscar salidas creativas al fenómeno del delito.
Al contrario, dijo, se ha tenido una fuerte reacción que ha dificultado la intervención de la CDHDF.
Ante ello, aseguró que la Comisión propone la instauración de un modelo adversarial con la creación de algunas figuras como la de los jueces de ejecución de sentencia, la vinculación de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) con la creación de una red que permita la ejecución de sanciones no privativas de libertad y la posibilidad de que empresarios inviertan en el tema de la seguridad.
