Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
Boletín 339/2009
31 de diciembre de 2009
La lucha por la sobrevivencia dificulta las capacidades de pensar y de razonar, por lo que la pobreza se ha convertido en un instrumento de sometimiento y manipulación al servicio de las mal llamadas democracias, aseveró la Directora de Food First Information and Action Network (FIAN), Sección México (Red por el Derecho a Alimentarse), Leticia Correa Miranda.
En su colaboración para la revista DFensor, en el número dedicado a El Derecho a la Alimentación en tiempos de crisis, Correa Miranda se refirió al papel del Estado en su cumplimiento y subrayó que la grave situación alimentaria se sumó a la crisis económica mundial.
Pese a que la pobreza se vive generalmente en forma aislada, como un destino personal, es resultado del sistema económico, donde las mercancías valen más que las personas.
El salario mínimo debería alcanzar para cubrir necesidades básicas, advierte la activista, pero “Si para pagar la renta tenemos que comer menos, dejar de gastar en vestido para la familia, no ir al médico o no tener esparcimiento, se violan nuestros Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA), muy particularmente, nuestro derecho a la alimentación”.
En el artículo considera que el Estado mexicano viola el derecho a la alimentación cuando establece un salario mínimo que no alcanza para que una familia coma suficiente y sanamente, pues las que tienen menos recursos invierten más de 50% de su ingreso total en alimentos.
De acuerdo con los datos obtenidos en el taller Por el Derecho a la Alimentación, realizado en la Delegación Gustavo A. Madero, de febrero a septiembre de 2009, en coordinación con esa jefatura delegacional, las necesidades básicas que deberían satisfacerse con un salario mínimo son renta de vivienda, alimentación, pasajes, salud, educación, vestido, luz, agua, gas, teléfono y recreación.
Señala que el salario mínimo mensual en pesos mexicanos es inferior en nuestro país, comparado con el de otras economías más pobres de Latinoamérica, como Perú y Colombia, donde son de 2 mil 326 y 3 mil 108 pesos, respectivamente, a diferencia de los mil 644 que se pagan en México.
El problema de escasez de alimentos no tiene su origen en la disminución de la producción, sino en las prácticas monopólicas de las empresas trasnacionales, dijo.
Explicó que la crisis mundial inició hace más de 20 años, cuando las y los gobernantes de los países en desarrollo adoptaron políticas de ajuste estructural impuestas por el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio (OMC) y abandonaron la producción agrícola.
Además de retirar crédito, subsidios, precios de garantía, apoyos técnicos para la comercialización, el Estado mexicano impulsó el Tratado de Libre Comercio (TLC), que favoreció la importación de alimentos y granos básicos.
Desmanteló los mercados internos, nacionales y regionales, a través de la importación de productos altamente subsidiados, afectando directamente a los campesinos y las campesinas de escasos recursos (competencia desleal), agregó.
Para Correa Miranda, la pérdida de la soberanía alimentaria convirtió a México en un país importador de comestibles y granos básicos que antes producía y tuvo como consecuencia la g eneración de pobreza masiva.
El abandono económico del Estado se tradujo en s alarios con los que una familia no puede vivir, a menos que tenga dos o más trabajos.
El compromiso de los Estados en materia de DESCA es proporcionar a la población más vulnerable su alimentación, a través de ejecutar medidas y programas concretos para mejorar los métodos de producción, conservación y distribución de alimentos mediante la plena utilización de los conocimientos técnicos y científicos.
Debe divulgar principios sobre nutrición y de perfeccionamiento y utilización más eficaz de las riquezas naturales; además de asegurar la equitativa distribución de los alimentos en relación con las necesidades de los países que importan productos y de los que los exportan, sostuvo.
Finalmente, Correa Miranda señaló que los Estados miembros del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) están lejos de cumplir las metas de la Cumbre del Milenio, donde su primer compromiso es erradicar la pobreza extrema y el hambre en el mundo; sin embargo, agregó, en un año se incrementó en más de cien millones el número de personas que padecen hambre en el planeta.
El DFensor contó también con las colaboraciones del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la Alimentación, Olivier De Schutter; del redactor en jefe del diario El País, de Madrid, España, J. P. Velázquez-Gaztelu; y del maestro en Filosofía Política por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y profesor asistente en la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas A. C. (CIDE) , Gerardo Covarrubias Valderrama.
