Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
Boletín 322/2009
11 de diciembre de 2009
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) espera que las primeras sentencias anunciadas para enero próximo por la Procuraduría capitalina en el caso New´s Divine,sean satisfactorias desde el punto de vista de la necesidad de generar justicia, expresó su Presidente, Luis González Placencia.
El Ombudsman capitalino indicó que la CDHDF recibió la noticia de que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) no ha encontrado elementos para procesar a los tres servidores públicos que dejaron sus cargos, con motivo de la investigación realizada por la Institución, por los hechos ocurridos la tarde del 20 de junio del año pasado.
Dijo que la CDHDF nunca señaló una responsabilidad penal de los funcionarios que estaban al frente de la PGJDF, la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF) y de la Delegación Gustavo A. Madero; “se dijo que había una responsabilidad ética y política, y p ara este Organismo, la responsabilidad política de los tres servidores públicos quedó cubierta luego de que fueron destituidos de sus cargos”.
Expuso que ninguno de los tres está en funciones, y estimó importante que esta responsabilidad política trascienda de manera que sea difícil para estos funcionarios nuevamente ocupar un cargo público.
Señaló sin embargo que todavía hay un número importante de personas que están siendo procesadas y no han sido sentenciadas. “Es importante que las decisiones que tome la Procuraduría no alimenten una idea de impunidad, es muy importante que estas decisiones estén sustentadas desde el punto de vista jurídico, para tener claridad de que se ajustan conforme a derecho”.
Apuntó que la CDHDF insistirá en tres puntos señalados en la Recomendación 11/2008 y el Informe Especial: las responsabilidades penales que puedan derivarse del cambio de la cámara que se presentó en su momento, como la que tomó aquel video que fue presentado ante los medios; la responsabilidad penal que pudiera caber a las personas que trabajan en el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) y que no dieron la atención inmediata y necesaria a las víctimas del operativo, y las responsabilidades penales que, en su caso, tendrían que ser seguidas a los mandos que tuvieron una participación directa en el operativo.
“No tenemos responsables, sabemos que se están investigando a los funcionarios involucrados en estos tres puntos, esperamos que entre las sentencias que se puedan tener en Enero estén consideradas estas mencionadas”, agregó.
Comentó que entre los requerimientos que la CDHDF hace a la PGJDF en el seguimiento de la Recomendación está establecer la responsabilidad de quien cambió la cámara, “nosotros verificamos que había cortes en la secuencia del video, y que la copia que se nos entregó no tenía los datos para poder verificar si había o no una edición”.
Hizo énfasis en que desde la perspectiva de la Comisión, más allá de si hay o no hay edición en el video, lo que hay es alteración de la prueba.
Por otra parte, dijo que toca a la Procuraduría dar una explicación suficiente a las víctimas que perdieron a familiares cercanos, ya que no basta con una explicación estrictamente jurídica. “Es importante que haya una explicación que convenza a quienes resultaron víctimas de este operativo”.
Subrayó asimismo que la dilación para determinar que no hay responsabilidad penal es evidencia de que el proceso penal en la ciudad y en el país en general, genera impunidad, porque no da certeza ni a las víctimas ni a los procesados, de ahí que mencionó la necesidad de traer lo más pronto posible a los hechos la Reforma Penal Constitucional.
“Es claro que la manera en que se procesa en la ciudad a las personas es inadecuada, tiene una cantidad de vicios que implican dilación e incertidumbre, y al final el mensaje que queda es un mensaje de impunidad”, añadió.
