jueves , 9 febrero 2023

Con claroscuros, la actual Reforma al Sistema de Justicia Penal: Fernando Coronado Franco

Boletín 319/2009
9 de diciembre de 2009

Los principios de la Reforma al Sistema de Justicia Penal plasmados en los Artículos 20 y 21 de la Constitución, acompañados de la legislación secundaria y de práctica del proceso penal, no garantizan, en lo más mínimo, los derechos fundamentales, aseveró el Director General de Educación y Promoción de los Derechos Humanos de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Fernando Coronado Franco.

Sin armonía, dijo, un sistema que no aprueba ningún análisis de tipo sociológico, jurídico, ni estadístico, tampoco garantiza un efectivo acceso a la justicia, ni para los imputados, ni para las víctimas, ni para la sociedad.

En el marco de la Jornada de Debate “El nuevo sistema de justicia penal desde la perspectiva de la sociedad civil”, invitó a analizar sus dimensiones con miras a una verdadera reforma, que necesariamente requiere condiciones y características de un Estado democrático.

Implica, señaló Coronado Franco, la transformación del proceso penal sin la aplicación de normas de excepción al debido proceso en los supuestos de la delincuencia organizada.

Y es que, de acuerdo con el especialista en Derecho Penal, se requiere un nuevo sistema de procuración de justicia y un nuevo sistema de seguridad pública, así como un texto constitucional que el Estado ponga en práctica, de acuerdo con el actual Derecho Internacional.

Explicó que además de una norma constitucional clara sobre la división de poderes y de los mecanismos que la hagan efectiva, debe existir la legislación secundaria que la garantice.

“Del mismo modo, se requiere un debate permanente sobre la armonización del Derecho Constitucional con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. De lo contrario, el poder judicial puede interpretar las normas del debido proceso a través de la jurisdicción de amparo, con consecuencias limitativas para los derechos fundamentales”, advirtió.

El Ejecutivo, señaló, puede hacer intervenir a la fuerza armada de manera permanente, como actualmente ocurre, en conflicto con las normas constitucionales y lo mismo puede pasar con los jueces de control, que por prácticas inadecuadas o por interpretaciones inconvenientes respecto a los derechos fundamentales, que permitan la interferencia de poderes fácticos instituidos, económicos o violentos.

“No cualquier legalidad es propicia para el debido proceso, ni para garantizar los derechos o el subsistema de derechos de la libertad personal. No cualquier legalidad garantiza que una persona sea efectivamente juzgada por un tribunal”, precisó Coronado Franco.

Y puso como ejemplo las normas que estableció el Consejo de la Judicatura y lo que calificó como “figura perversa”, en cuanto a los jueces especializados en cateos, arraigos e intervenciones de las comunicaciones, como una manifestación inquietante de cómo las instancias de mayor autoridad en el país interpretan la reforma constitucional.

“Esos jueces no tienen nada que ver con un juez de control, pero en la exposición de motivos para crearlos se invocó el Artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM)”, señaló.

Eso quiere decir, lamentó, que el Consejo de la Judicatura interpreta, malinterpreta o pervierte el sentido de los jueces de control y ayuda a perpetrar violaciones a los derechos humanos, porque autorizan arraigos.

“Se deben desarrollar adecuadas prácticas ministeriales, de proceso y de defensa en un Estado en el que se producen acontecimientos tan graves, enfrentados por las autoridades a quienes les corresponde hacerlo”, agregó Coronado Franco.

De acuerdo con Coronado Franco, la Reforma convoca, por sus claroscuros, a las manifestaciones y vigilancia de la sociedad civil en el desarrollo legislativo secundario y de su puesta en práctica a través de los tribunales, de las procuradurías y de las defensorías públicas.

“Esta es una oportunidad para que nuestro país transite a un Estado democrático de derecho, en el que no ha estado todavía, en el que se celebren juicios tales que los mexicanos tengamos ocasión de observar lo que significa administrar justicia en una democracia”.

Adelantó que, de no remontar las actuales condiciones, sin la observación técnica y ciudadana, la Reforma puede derivar en la no solución de los problemas que presuntamente ataca.

Las normas jurídicas y el derecho son un valor fundamental para construir la civilidad, tal como el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, se revelan como un patrimonio ético de la humanidad, como un reservorio de racionalidad humanística, que no puede florecer en un país donde hay violaciones sistemáticas que no son reconocidas por el Estado, sentenció.

La Jornada de Debate tiene como finalidad la generación de un documento de identificación de futuras acciones para que las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) coadyuven de forma permanente con la instrumentación de la Reforma, con un enfoque de derechos humanos.

En la Mesa I. Los derechos de las víctimas del delito en la Reforma Constitucional del 18 de junio de 2008, participan la Presidenta de la Asociación Alto al Secuestro, Isabel Miranda de Wallace, y el Director General de Cauce Ciudadano, A.C., Carlos Alberto Cruz Santiago.

En la Mesa II. Las Nuevas características del debido proceso en la Constitución (Análisis de los componentes del Artículo 20), contará con las exposiciones de la Consultora de Litigio Estratégico en Derechos Humanos, Siria Oliva Ruiz; y del Coordinador del área de Defensa del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín pro Juárez, A.C., Santiago Aguirre Espinosa.

La Mesa III. El nuevo régimen de prisión preventiva y la aplicación de medidas cautelares, estará integrada por la Coordinadora del proyecto “Medidas no privativas de la libertad en la Ley de Justicia para Adolescentes en el Distrito Federal”, UNICEF-REINTEGRA, Elizabeth Zaragoza Ruiz; y del Director del proyecto de Presunción de Inocencia de Open Society Justice Initiative, Javier Carrasco.

El Secretario Ejecutivo de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT), Edgar Cortés Morales; y el investigador y profesor del Instituto Tecnológico Autónomo de México ( ITAM), Miguel Sarre, participarán en la Mesa IV. El nuevo modelo de Ejecución de Penas en la Constitución.

La Jornada cerrará con la intervención del investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), John Mill Ackermann Rose.

 Jornada de Debate fueron el Programa de Apoyo en Seguridad y Justicia de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional ( USAID) en México, elInstituto para la Seguridad y la Democracia (INSYDE), A.C., la Secretaría de Gobernación y la CDHDF.

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