Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
Boletín 325/2009
14 de diciembre de 2009
El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis González Placencia, alertó que la “limpieza social” contra poblaciones callejeras en la capital y en el país es mucho más grave de lo que se piensa.
El Ombudsman capitalino lamentó la falta de regulación e intervención del Estado en los “centros de rehabilitación”, por lo que lo exhortó a vigilar sus condiciones, ya que en los llamadosanexos se realizan prácticas vejatorias que ponen en riesgo la vida de las personas recluidas.
Informó también que, a raíz de las investigaciones que salieron a la luz pública, la CDHDF recibió quejas relacionadas con hostigamientos y amenazas a miembros de la organización civil El Caracol, quienes denunciaron este fenómeno de “limpieza social”.
En este sentido, anunció que la CDHDF emitió medidas precautorias a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) capitalina y a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) para que salvaguarden la integridad física y sicológica de los integrantes de El Caracol.
“Queremos dejar constancia de que no es sólo en el Distrito Federal donde están ocurriendo este tipo de violaciones a los derechos humanos de las poblaciones callejeras y de los jóvenes de sectores populares, sino que es en todo el país”, aseveró la Consejera de la CDHDF, Clara Jusidman.
Al explicar su adherencia al “Posicionamiento Público de Organizaciones y de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en torno a la Situación de las Poblaciones Callejeras”, expresó su preocupación por el surgimiento de una oferta de servicios sociales precarios como el que dejó al descubierto el caso del albergue infantil “Casitas del Sur”, el incendio de la Guardería ABC, en Hermosillo, Sonora, y recientemente el del “anexo” de rehabilitación “Los elegidos de Dios”.
“Encontramos una falta de definición clara de responsabilidades a nivel legislativo, entre niveles de gobierno y entre instituciones; no queda claro si el DIF nacional es el que debe hacer la tarea de protección de los derechos de las personas que son objeto de asistencia social”, reseñó.
No obstante, subrayó que el Estado Mexicano está obligado a través de los instrumentos internacionales de derechos humanos que ha signado, a respetar los derechos humanos de las poblaciones, a garantizarlos y satisfacerlos y a protegerlos. En este caso, explicó Jusidman, debe vigilar las relaciones entre particulares ante la posibilidad de que puedan vulnerarse los derechos humanos de unos u otros.
“La ausencia de suficientes y adecuados espacios y esquemas de atención a las adicciones dentro de la política de salud y el aumento del mercado interno de drogas plantean un enorme reto a la sociedad y a los gobiernos “, advirtió.
Jusidman adelantó también que: “Se puede prever que aumentarán las poblaciones indigentes en las ciudades y las que serán expulsadas de sus familias por las dificultades para resolver su problemática al nivel de los hogares”.
El Director Ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), Gerardo Sauri, dio lectura al “Posicionamiento Público de Organizaciones y de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en torno a la Situación de las Poblaciones Callejeras” y destacó que junto con la Asociación Civil El Caracol, advirtió al gobierno capitalino, desde junio pasado, sobre “un posible acuerdo del anexo con servidores públicos delegacionales para la limpieza social”.
Hizo un llamado a diversas empresas y almacenes a cumplir con los principios del Pacto Mundial en Materia de Derechos Humanos, Trabajo y Medio Ambiente, garantizando que sus proveedores se apeguen a los códigos de ética y estándares de comportamiento definidos: “Deben asegurarse de no actuar como cómplices de violaciones a los derechos humanos”.
A su vez, el Director de El Caracol, A.C., Juan Martín Pérez García, denunció que en los últimos diez años los anexos incorporaron el cobro a los usuarios de sus servicios, llegando algunos a convertirse en cárceles privadas.
“Es muy delicado que en este país los anexos hayan derivado de un espacio pretendidamente de ayuda a cárceles privadas en algunos casos, y sin duda es tarea de la autoridades locales y federales investigarlos”, subrayó.
Lamentó que la autoridad local no reconozca los actos de “limpieza social” ya documentados por la CDHDF en la Recomendación 23/2009, pues es necesario reconocerlo para superarlo.
Reconoció no tener evidencia de que sea una acción articulada de “altas autoridades locales”, pero sí de participación de funcionarios delegacionales.
“Esta es una buena oportunidad del Gobierno local para identificar qué autoridades actuaron de manera inapropiada. Pero también para que reconozca que estas poblaciones callejeras ya no pueden ser atendidas con pequeñas acciones, pues no podemos pensar en una ciudad democrática cuando se le violentan los derechos”, concluyó.
Según el Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal, en su Capítulo 26. Derechos de las Poblaciones Callejeras, este grupo no se limita a infancia y jóvenes.
“El fenómeno social callejero ha evolucionado en las últimas décadas y ahora coexisten en el mismo espacio diversos colectivos sociales, como niñas, niños, jóvenes, mujeres, familias, personas adultas y adultas mayores, las cuales comparten la misma red social de sobrevivencia”, explica.
El documento, elaborado conjuntamente por OSC, la CDHDF, el Gobierno capitalino, el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF), la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) y el sector académico, pone en la mesa los de rechos y temas relacionados con el ejercicio de los derechos humanos de las poblaciones callejeras.
En ese propósito, subraya que, entre otros, se deben garantizar una legislación y políticas públicas integrales para las poblaciones callejeras, así como sus derechos a una vivienda adecuada, al trabajo, a la salud, a una vida libre de violencia, a la integridad, a la libertad y a la seguridad personales, así como al acceso a la justicia.
Desde el enfoque de derechos humanos, ninguna acción pública puede vulnerar otro(s) derecho(s), buscando garantizar otro, ni usar estrategias de “cero tolerancia” en contra de poblaciones callejeras, para apartar a las personas de la vista de transeúntes o turistas de los centros históricos o cruceros importantes, con el argumento de que afectan al turismo, al comercio o a los vehículos.
Se debe evitar, por ejemplo, la “institucionalización forzada” para integrar de forma obligada a las personas en centros, segregadas bajo condiciones de poca atención a sus características, necesidades y expectativas, revictimizándolas con exclusión social y la negación de su ciudadanía.
El reconocimiento de las poblaciones callejeras como sujetos plenos de derechos debe traducirse en acciones de coordinación y concertación entre los programas gubernamentales y los de la sociedad civil, para responder a características particulares de edad y género, con el fortalecimiento del tejido social que prevenga la salida de más personas a las calles y que dé, a quienes han decidido hacerlo, las herramientas necesarias para sobrevivir temporalmente con dignidad.
Durante la conferencia de prensa, se reconoció el importante trabajo que los medios de comunicación realizan para dar visibilidad a esta problemática, pero también fueron exhortados a tener cuidado de no revelar la identidad de las persona que dan sus testimonios como víctimas de “limpieza social”, a fin de evitar que eso derive en acciones de represión por parte de diversos grupos.
