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Necesario que el Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal pase a ser una política de Estado

Boletín 288/2009

11 de noviembre de 2009

 

La necesidad de que el Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal tenga un presupuesto óptimo, además del acompañamiento de los Organismos Públicos Autónomos (OPAs) de la ciudad para su ejecución, y que no quede sólo en un documento y pase a ser una política de Estado, fue manifestada hoy en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF).

En la presentación del Programa ante OPAs, el Ombudsmancapitalino, Luis González Placencia, destacó que una de las apuestas del Programa tiene que ver con incorporar la idea de los Derechos Humanos en la política pública, en la norma y en las prácticas de las instituciones que conforman los órganos de Gobierno del Distrito Federal y de los Organismos Públicos Autónomos.

Indicó que hay trabajo pendiente de trasversalización de todos los derechos y los grupos que toca hacer a cada OPA; “hay tareas de capacitación y sensibilización al interior de las instituciones, accesibilidad a personas con discapacidad, que las políticas, normas y prácticas eviten la discriminación, que la información estadística que se genere tenga una perspectiva de derechos humanos, además de la adecuación de los marcos normativos en torno a las obligaciones con los derechos humanos”.

El Presidente de la CDHDF señaló que aunque las materias electoral y laboral están excluidas del ámbito de los Derechos Humanos, no significa que no existan Derechos Políticos y Electorales, Derechos Laborales y que en el ámbito jurisdiccional no se pueda incorporar la idea de los derechos humanos, “de ahí la importancia de que nuestros organismos dibujen en la política pública que se realiza desde ellos con esta perspectiva de derechos”.

Mencionó que de las 2, 412 líneas de acción del Programa, el Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) tiene 69, 48 de las cuales son de corto plazo. El Instituto de Información Pública del Distrito Federal (InfoDF) tiene 74, 63 de corto plazo; la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) tiene 103 líneas, 73 a corto plazo; el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) tiene 102 líneas, con 77 de corto plazo.

En tanto que el Tribunal Electoral del Distrito Federal (TEDF) tiene 61 líneas, 49 a corto plazo; la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) tiene 93, 63 a corto plazo, todas líneas que incorporan una serie de derechos: Igualdad y No Discriminación, Acceso a la información, Libertad de Expresión, derechos políticos, agua, trabajo, debido proceso, entre otros.

Detalló que al TEDF y al IEDF les toca el fortalecimiento y mejora de la participación ciudadana; a la UACM, el impulso de la educación en materia de diversidad y de instrumentos de derechos humanos; al InfoDF, mejorar la capacidad de respuesta de las dependencias para generar información pública de manera eficaz; a la JLCyA tiene a su cargo el mejoramiento de los procedimientos y resultados de la justicia laboral.

Así como el TCA tiene tareas destinadas al fortalecimiento de su capacidad de ejecución de sentencias para mejorar los niveles de justiciabilidad respecto de los Derechos Económicos Sociales y Culturales (DESCA) y la incorporación al sistema judicial.

La Oficial de Derechos Humanos de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Verónica Zebadúa, dijo que los OPAs del Distrito Federal deben recuperar los hallazgos del Diagnóstico y del Programa, retomar las Recomendaciones, las líneas de acción y estrategias, para explorar sus vías de implementación, y sobre todo, deberán velar por las salvaguarda y garantía de los derechos de todas las personas tomando las medidas necesarias.

Apuntó que el Programa debe ser institucionalizado de manera que perdure en el tiempo más allá de los gobiernos y pueda cumplir con su ambicioso objetivo.

A su vez, el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), David Razú, señaló que ese órgano legislativo presionará para que haya recursos, “dentro de la solicitud que ha hecho el Gobierno del Distrito Federal al Congreso para obtener 15 mil millones de pesos adicionales, hay 2, 500 millones que se plantean para el Programa”.

Afirmó que es fundamental que haya un respaldo al Programa desde la Federación en su conjunto. Aseguró que el trabajo legislativo en la ALDF será armónico con el Programa, “porque si la Asamblea no se sube en este barco con ese ánimo difícilmente podremos avanzar en las reformas legislativas que hacen falta. Al hacerlo vamos a poder pasar de un documento, de un instrumento, de una herramienta, de un conjunto de líneas de acción, a una política de Estado, es fundamental la participación de los legisladores”.

Por su parte, la representante de las Organizaciones de Sociedad Civil, miembro de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, Jacqueline L’ Hoist, advirtió la importancia del acompañamiento de los Organismos Públicos Autónomos para que el Programa de Derechos Humanos del DF se convierta en realidad.

Hizo énfasis en que cada uno de los OPA atraviesa el Programa de Derechos Humanos, “de tal forma que su trabajo es fundamental, porque son quienes atienden directamente a la ciudadanía, desde la educación, acceso a la información, la transparencia, los derechos electorales, etcétera”.

Estuvieron presentes también la Consejera Presidenta del IEDF, Beatriz Zavala Pérez; el Coordinador del Programa de Derechos Humanos de la UACM, Enrique González Ruiz; el Presidente de la JLCA, Jesús Campos Linas; el Magistrado Presidente del TEDF, Adolfo Rivapalacio Neri, los magistrados del TEDF, Alejandro Delint García y Miguel Covián Andrade; la Contralora del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF), Elsa Bibiana Peralta; y el investigador de la Universidad Panamericana, Miguel Ángel Lugo Galicia.

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