Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
Boletín 282/2009
4 de noviembre de 2009
El Consejero de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Carlos Ríos Espinosa, criticó el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación que el Poder Ejecutivo Federal envió a la Cámara de Diputados, porque pone en riesgo la viabilidad de la política social para la igualdad de oportunidades de las Personas Con Discapacidad.
Y es que, la reducción en 93% al presupuesto del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) afecta directamente a la principal fuente de financiamiento del Programa Nacional para el Desarrollo de las Personas con Discapacidad (PRONADDIS).
Los recursos federales del Presupuesto de Egresos de la Federación sujetos a Reglas de Operación, a través del Programa de Atención a Personas con Discapacidad del DIF, se redujeron de 486.5 millones de pesos en 2009, a tan sólo 34.4 millones en 2010.
El PRONADDIS tiene menos presupuesto que el asignado para las becas de los hijos de militares, con 34 contra 57 millones de pesos, de ese tamaño son las disparidades que se están produciendo, lamentó el Consejero.
La suma de los montos presupuestados y etiquetados para programas de atención a las Personas Con Discapacidad (PCD) es apenas de 187.6 millones de pesos, que representan 0.1% del proyecto de presupuesto para el ramo de educación y 0.04% de las aportaciones federales para entidades federativas y municipios (Ramo 33).
El también profesor de Derecho Penal y Procesal Penal del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) condenó la reducción que, dijo: “Significan prácticamente 6 millones de pesos por entidad federativa; y distribuidos entre los 10 millones de PCD en el país equivalen a 18 pesos anuales por persona. Con eso no se puede hacer absolutamente nada”.
El Consejero de la CDHDF cuestionó que a pesar de que desde mayo de 2008 entró en vigor la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, “que no establece metas programáticas, sino derechos que son exigibles y que deben ser garantizados por el Estado Mexicano”, la propuesta de paquete económico del Poder Ejecutivo para 2010 parece más una política de simulación.
Y es que, de acuerdo con la propuesta económica, los programas que se establecen en la Convención Internacional, como el de Accesibilidad al Entorno Físico, al Transporte, a la Información y las Comunicaciones, incluidos sistemas y tecnologías de información en comunicaciones, serán imposibles de llevarse a cabo para las aproximadamente 10 millones de PCD en el país.
En materia educativa, los recortes para el Programa de Fortalecimiento de la educación especial y de la Integración Educativa se redujo en 88.2%, pues de los 662.4 millones de pesos asignados para 2009, en 2010 pasó a 78. 2 millones de pesos. El Programa de Educación para personas con discapacidad se recortó en 25%, al pasar de 100 a 75 millones de pesos, para 2010.
“El presupuesto para las PCD está muy medicalizado: no hay partidas que se deriven hacia políticas sociales; tendría que haber un presupuesto asignado y etiquetado para este rubro en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y en la Secretaría del Trabajo (ST), para la promoción del empleo; pero todo está concentrado en la Secretaría de Salud (SS) y en el DIF, lo cual no está del todo mal, pero no es suficiente, tendría que ampliarse”, sostuvo.
Derechos y garantías como el de la accesibilidad a instalaciones y servicios abiertos al público en zonas urbanas y en zonas rurales, la promoción de la Lengua de Señas Mexicana (LSM), como una forma de identidad lingüística de las personas sordas, “Tampoco se van a poder ejercer con 18 pesos anuales”, consideró.
Ríos Espinosa advirtió que, de acuerdo con el PRONADDIS, se deben instrumentar programas anti-discriminación, que tal como establece la Convención, un nuevo paradigma de discriminación es también la omisión del Estado para proporcionar apoyos decididos para las PCD.
“Otros programas que tampoco van a poder ser instrumentados, son los programas a favor de la infancia con discapacidad; de niñas y niños con discapacidad en los rubros de educación, entretenimiento, deporte, cultura y salud; o programas específicos para las mujeres con discapacidad”, advirtió.
Hay programas a los que ya no se les asignó ningún recurso y están condenados a su desaparición, como el Centro Paralímpico Nacional en Jalisco, que en 2009 tuvo 300 millones y pasó a cero pesos. Las Acciones de Educación para discapacitados contaron con 100 millones de pesos en 2009 y en 2010 no tendrán nada.
La Convención contempla también el apoyo a las Asociaciones Civiles de las PCD para que puedan continuar con sus actividades, apoyar medidas de protección civil y seguridad; programas para el ejercicio de la capacidad jurídica.
Al respecto, Carlos Ríos recordó que: “El Estado Mexicano ni siquiera reconoce a las personas con discapacidad psicosocial y con el recorte no se van a hacer los estudios necesarios para saber cómo impacta este tipo de discapacidad en el ejercicio de los derechos. Nuestro país estableció una declaración interpretativa al Artículo 12 de la Convención”.
Agregó que tampoco se podrán instrumentar fórmulas de acceso a la justicia: “No sabemos cuántas PCD hay en los reclusorios, ni cuántos Tribunales no son accesibles o cuántos intérpretes de LSM se requieren para participar en procedimientos judiciales”.
Lo mismo o nada se podrá hacer para maximizar la vida independiente y para los servicios residenciales y para la ayuda de asistencia a una vida más autónoma: “Todos estos son garantías y derechos establecidos en la Convención y que se van a quedar como puro papel mojado”.
Respecto de la prevención de la explotación y el abuso, tampoco se van a establecer programas para combatir este tipo de realidades de todos los días en nuestro país, al margen de que se requiere el apoyo específico para la inclusión educativa.
Según datos de 2004, recordó Ríos Espinosa, las PCD registraban un grado de analfabetismo tres veces mayor al del promedio de la población en general. “No hay accesibilidad real en las escuelas públicas para albergar a las PCD; se tendría que empujar hacia allá, en lugar de impulsar la creación de guettos para las PCD. Se deben establecer estrategias de accesibilidad y de diseño universal en la arquitectura de las escuelas, porque la educación especial se puede volver una educación segregada”, advirtió.
A nombre de las PCD en México, Carlos Ríos Espinosa pidió a la Cámara de Diputados revisar puntualmente los presupuestos y hacer las gestiones necesarias para modificarlos de manera que se ejecuten acciones a favor de las PCD, a través de reglas de operación.
De lo contrario, adelantó: “Prácticamente, en los hechos, los programas no se van a poder instrumentar, lo único que va a ocurrir es que los recursos se destinen al gasto corriente de las oficinas del Consejo Nacional para las personas con Discapacidad (CONADIS) y del DIF Nacional (1,369 millones de pesos), de los cuales sólo 34.4 millones están expresamente etiquetados para los Programas de Atención a Personas con Discapacidad; los programas sustantivos tendrán muy pocos recursos”.
Es necesario, dijo Ríos Espinosa, hacer un monitoreo puntual de cómo se ejerce el presupuesto, porque no hay una vigilancia cercana de lo que ocurre con el dinero para las PCD; eso es algo de lo que las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) tienen que estar muy pendientes.
