Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
Boletín 300/2009
22 de noviembre de 2009
Ante el creciente hacinamiento y consecuente deterioro de la infraestructura y de la calidad de vida en los reclusorios de la capital, algunos internos optaron por delinquir para obtener recursos para su sobrevivencia dentro de la cárcel, aseveró el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis González Placencia.
Durante la presentación de “Delincuencia, Marginalidad y Desempeño Institucional”, Resultados de la tercera encuesta a población en reclusión en el Distrito Federal y el Estado de México, explicó que ante necesidades básicas y no proporcionadas por las autoridades correspondientes como el espacio, agua potable, alimentación y materiales para la higiene personal, algunos reclusos ven en la comisión de delitos una opción que, paradójicamente convierte al delito en una “estrategia de resistencia para la supervivencia”.
Con base en lo anterior, González Placencia advirtió que: “Lejos de detener el delito, la cárcel sólo lo está potenciando”, y agregó que la construcción de un nuevo reclusorio que intente mitigar el hacinamiento en el que se encuentran las aproximadamente 40 mil personas privadas de libertad en el Distrito Federal, en espacios construidos originalmente para 10 mil personas, no resuelve el problema de fondo.
De continuar con la misma política, dijo, no habría reclusorios que alcancen, porque pronto se llenarían. Lo que se requiere es una reforma penal constitucional que contemple las actuales expresiones carcelarias, los procesos judiciales e incluso la intervención policíaca.
El Ombudsman capitalino insistió también en que de las poblaciones en exclusión, agraviadas ya en el ejercicio de sus derechos humanos, es de donde sale la mayoría de quienes posteriormente se convierten en clientes del sistema penal y de las personas en reclusión.
El problema del delito no sólo es el delincuente, sino todo el entorno que agrava las condiciones de subsistencia y las posibilidades de sobrevivencia de grandes grupos sociales, explicó.
Autora de los Resultados de la tercera encuesta…, la Consejera de la CDHDF, Elena Azaola Garrido, coincidió en señalar sobre el fracaso del sistema de justicia vigente para combatir el delito y que el derecho penal del enemigo significa más un castigo del Estado, al torturar “en dosis muy pequeñas” a los más pobres y jóvenes”.
Dijo que ante la fidelidad y contundencia de los Resultados, se demuestra lo poco racional, humano y apegado a las normas internacionales que está el sistema de justicia, además de una reincidencia de más de 50%, que da cuenta de la lección aprendida tras los cortos o largos períodos de estancia de las personas dentro de los centros de reclusión.
La doctora en Antropología por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) exhortó a que, antes de continuar proporcionando la misma medicina a un enfermo que no mejora, las autoridades responsables pongan en marcha programas como los ejecutados en países como Canadá, Estados Unidos, Brasil o Sudáfrica, que han priorizado la inclusión social, el fomento al empleo y la ciudadanización de las personas en reclusión.
Por su parte, el investigador de la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Marcelo Bergman Harfin, dijo que la explosión carcelaria ha significado que el número de personas en reclusión se duplicó en tan sólo siete años.
Lo anterior, a diferencia del descalabro en las instalaciones de cada centro, que no han crecido en la misma dimensión y que albergan a las personas “en condiciones patéticas, en un ambiente kafkiano”, que están a expensas de lo que sus respectivas familias les puedan proveer, porque “dentro de la cárcel, todo tiene su cuota”.
De los mil 321 internos entrevistados, 647 en el Distrito Federal y 665 en el Estado de México, de los cuales 83% fueron hombres y 17% mujeres, 40% tiene entre 18 y 30 años; además, 38% dejó de vivir con su madre y 42% con su padre antes de cumplir 18 años; 11% nunca conocieron o vivieron con su padre.
El doctor en Sociología Jurídica por la Universidad de California y coautor de Resultados de la tercera encuesta…, explicó que las autoridades están aprehendiendo a delincuentes de bajo perfil, ya que 65% de los recién recluidos cumple sentencia por robo, aunque 80% pudiera estar en ese caso y 75% de ellos por robo simple.
De acuerdo con la tercera encuesta, la mitad de los robos fueron por 5 mil pesos o menos y 25% por 700 pesos o menos. Asimismo, la mitad de los internos por delitos contra la salud comerciaban montos inferiores a mil 250 pesos y 25% por menos de 200 pesos.
Las conclusiones del estudio, agregó Bergman Harfin, evidencian que el sistema judicial en sólo siete años ha empeorado, «Poco pero con una tendencia a seguir peor», y señaló que casi 94% fue detenido sin orden de aprehensión y en igual proporción fueron llevados a un módulo de policía.
Durante 2009, la mitad de los internos encuestados dijo que rindieron su declaración sin tener un abogado o persona de su confianza; en tanto, 67% de quienes tuvieron un abogado privado ofrecieron pruebas a su favor, contra sólo 27% de los que tuvieron a un abogado de oficio.
“Los que cometen delitos de mayor valor económico, quienes presumiblemente cuentan con mayores recursos personales, gozan de mayores garantías procesales que los de menor nivel socioeconómico”, concluye la investigación.
