Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
Pregunta (P): Doctor, a mí me gustaría preguntarle, la vez anterior en el Claustro de Sor Juana te preguntábamos si la Procuraduría ya había hecho las gestiones en relación a solicitar al experto internacional o al Relator de la ONU, y nos comentaba que la Subprocuradora Dylcia Samantha ya te había externado que estaban haciendo las gestiones. En el caso de Brunori dice que no, que todavía no le había llegado la solicitud. ¿La Procuraduría tiene un plazo para solicitar al experto internacional o qué sucede?
Doctor Luis González Placencia (LGP): No tiene un plazo porque legalmente no hay un plazo para el cumplimiento de la Recomendación, pero justo por eso cuando me reuní con ella quedamos en que haríamos un calendario para el cumplimiento de la Recomendación. Estábamos esperando la aceptación formal, ya esa aceptación llegó y seguramente el próximo lunes o martes tendremos ya una junta de trabajo con el área de Seguimiento nuestra, y vamos a hacer eso que lo hemos hecho de manera informal, pero yo creo que lo vamos a ir haciendo ya de manera más formal que es trazar un calendario de cumplimiento. La estrategia aquí nuestra es primero satisfacer lo que a la familia le interesa. La Recomendación ustedes saben que tiene varios puntos, algunos de ellos están directamente relacionados con el caso, otros atienden a cambios de carácter estructural que se tendrán que ir cumpliendo en el mediano plazo. Pero aquí lo que nos importa, es que en el corto plazo podamos cumplir, es lo que la familia quiera para quedar satisfecha, y uno de los puntos es éste justamente. Lo que me comentó la Subprocuradora es que habían iniciado los trámites administrativos porque hay que hacer un pago, entiendo. El Alto Comisionado cobra por esos servicios, entonces tenían que hacer algunos trámites administrativos y harían la solicitud finalmente. No tengo noticias de si ya la hicieron o no.
P: Doctor, y en este caso se habla de las responsabilidades de los agentes, de los agentes que fueron procesados, de la gente que privó de la vida a los GERIS, sus propios compañeros, pero en todo este contexto y es a solicitud de la familia que también sean investigados los directores tanto de la Policía Judicial como de la Fiscalía Antisecuestros porque a ellos no se les menciona por ningún lado, a pesar de que ellos eran los responsables de todos los elementos y de toda la estructura operativa, pues a ellos simple y sencillamente en la Procuraduría nada más los movieron de un cuadro a otro, pero no hay nada sobre ellos. ¿En este caso los familiares también están solicitando que se investiguen a estos funcionarios?
LGP: Lo que nos dice la familia es que quieren que se investigue a quien resulte responsable. Ya sabemos que hay algunas averiguaciones previas iniciadas. Dentro de la Recomendación solicitamos también que se iniciaran los procedimientos penales o administrativos a que diera lugar el proceso de investigación. Entonces también eso lo vamos a incluir. Nosotros no podemos solicitar de manera directa que se abra un procedimiento penal por ejemplo contra los comandantes. Sí podemos pedirle a la Procuraduría, como lo hicimos que investigue, y si encuentra elementos en todo caso que abra los procesos. Ya nos tendrá que explicar la Procuraduría en el curso del seguimiento por qué sí o por qué no, y eso ya se los explicaremos también nosotros a ustedes.
P: Yo le quiero preguntar si ya iniciaron una investigación o abrieron una queja porque me parece que están siendo investigados dos agentes judiciales que al parecer están vinculados con el secuestro de una persona que se llamaba Gelmar Guido, y que apareció decapitado el 6 de octubre. ¿No sé si ustedes tienen conocimiento de esto, si ya están realizando alguna investigación o si tienen contemplado hacer algún informe sobre la procuración de justicia?
LGP: Acabamos de emitir una Recomendación que tiene que ver con casos de secuestros, son varios casos que se incorporaron a esa Recomendación. No tengo certeza sobre si tenemos alguna queja de oficio sobre este asunto, pero el asunto lo vamos a tratar en el marco del seguimiento a la Recomendación. En este caso no consideramos pertinente abrir la queja de oficio porque tenemos ya esa Recomendación y acaba de ser aceptada. Si hubiera una queja de parte de la familia o de alguien que se viera agraviado la tomaríamos por supuesto, y ya veríamos cómo la incorporamos a esa Recomendación; porque la Recomendación plantea varios temas que están relacionados con la responsabilidad que tiene la policía en todos estos eventos, con el tema de la formación, con los cambios estructurales. Ahora, ustedes saben que se puso en marcha recientemente un Consejo para la reforma de la Policía Judicial. Ahí en ese Consejo a mí me habían invitado como académico, pero la Comisión tiene un lugar ahí y yo voy a seguir estando de manera personal en el Consejo, porque sí es muy importante para la Comisión incidir en la reforma. Yo creo que es importante que la Procuraduría se tome en serio la reforma de la Policía Judicial. No va a ser fácil, pero por otro lado también está ahora la Reforma Penal Constitucional que va a obligar necesariamente a un cambio de rol en la Policía Judicial. Entonces por ahí también iremos atendiendo estos casos.
P: Doctor, pero cómo va a diseñar el Consejo, porque si las cosas salen mal en la policía abría elementos para decir que eso es culpa del Consejo, o sea el Consejo fue el que lo diseño y si no funcionó fue porque el Consejo así lo planeó, así lo trazó y así operó, ¿pero el Consejo cómo se piensa blindar ante una situación así?
LGP: El Consejo es amplio y tiene tres cuerpos. Hay un cuerpo directivo que es el que asume las responsabilidades y ahí está el Procurador, los Subprocuradores, el Director del Instituto, y es gente de la Procuraduría y ellos van a tomar las decisiones finales. Hay un cuerpo técnico que es en el que participamos nosotros, y nosotros haremos las observaciones y las recomendaciones de carácter técnico, y nos haremos responsables de sustentar esas recomendaciones. Y hay otro cuerpo más ejecutivo que es el que irá digamos desarrollando las tareas propias del Consejo, pero la responsabilidad le toca a la Procuraduría. Ahí sí con toda claridad ellos tendrán que asumir lo que el Consejo proponga y hacerse responsables de los resultados.
P: Inaudible…
LGP: Sí está claro, en el seno del Consejo está perfectamente claro, porque ellos tienen la atribución. A nosotros nos llaman en todo caso como a quienes podemos aportar, pero eso es atribución de ellos. Por ejemplo, si el modelo no le gustara son ellos los responsables de tomar o no tomar el modelo que salga del propio Consejo.
P: Oiga, ¿ustedes están de acuerdo que a los policías de investigación se les aplique esta dinámica de investigarlos financieramente? ¿Podría llegarse a ese grado?
LGP: Bueno, no sé si se va a llegar a ese grado, nosotros lo vamos a discutir en el Consejo. Lo que sí te puedo decir es que tratándose de servidores públicos los mecanismos y los criterios de contratación sí admiten variaciones respecto del resto de los trabajadores por la responsabilidad que implica frente a la ciudadanía, y porque les estamos pagando con dinero público. Entonces el estándar de admisión, digamos, en el servicio público no sólo los policías, nosotros que trabajamos para la ciudad, tiene que elevarse porque eso también está en función de las responsabilidades que les debemos de solicitar. Yo he dicho en algunas ocasiones que resulta por lo menos sorprendente que haya delitos que son graves y que suponen por ejemplo robo simple; y delitos en los que hay vidas de por medio, que son responsabilidad directa o indirecta de un funcionario público, que son culposos o que no son graves. Entonces un mecanismo para elevar la responsabilidad de los funcionarios públicos también se relaciona con elevar los estándares de selección; y en determinadas circunstancias se puede justificar que se hagan este tipo de indagaciones siempre y cuando tengan un sentido que esté estrictamente relacionado con la función que se desarrolla. No todos los exámenes sirven para lo que se dice que sirven, pero hay algunos que sí están íntimamente relacionados con la función para evitar enriquecimiento inexplicable, para colocar estándares que faciliten pedirles responsabilidades a los funcionarios públicos.
P: Inaudible…
LGP: Si te refieres a que si eso lo vamos a incorporar en el modelo, no lo sé. Vamos a analizarlo. Te diría que esperaríamos que eso no fuera el resultado. Además, también estos estándares tendrán que irse incorporando para quienes van llegando. Supongo que habrá necesidad de hacer dos tipos de valoraciones, una para quienes ya están dentro, y otras para quienes van llegando.
P: Inaudible…
LGP: La primera cuestión es que la policía tiene que ser útil al proceso. Ustedes saben que va a cambiar la dinámica del proceso penal, lo que se conocer ahora como juicios orales. En realidad el tema central de la reforma son las audiencias y la posibilidad de que en las audiencias se desahoguen las pruebas, y eso va a modificar la actividad de la Policía Judicial. Antes la Policía Judicial recababa pruebas de la manera en que ustedes quieran para ser presentadas después en el juicio. Eso es lo que se llama prueba preconstituida, eso ya no va a valer en los nuevos procesos. Hay que recabar los indicios, hay que validarlos ante un juez y luego hay que desahogarlos en audiencia. Entonces, eso es una función del Ministerio Público y de la defensa, pero la policía es la que va a coadyuvar en la investigación. Entonces eso va a permitir que actúe de manera mucho más acotada, porque si no lo hace así invalida la prueba y entonces pone en riesgo el resultado del proceso. Entonces si el esquema no está correctamente planteado la policía se convertiría en un elemento de impunidad.
P: Inaudible…
LGP: No es ahora pero el proceso da para esconder estas cosas, entonces en una metodología de audiencias es mucho más abierto el proceso y hay mucha más posibilidad de observación externa.
P: ¿Harían algo para ver que está pasando en la Procuraduría, si es que realmente funciona la FAS, es necesaria o realmente se sujeta como estaba antes con el GERI? Además, de que tienen una fiscalía antisecuestros, ¿ahí que es lo que estaría haciendo la Comisión de Derechos Humanos porque principalmente, y lo digo con el caso Coppel, que es donde revienta todo esto? ¿Cuál es la crisis que se tiene en ese organismo del Distrito Federal?
LGP: Bueno, a nosotros nos preocupa mucho el tema de la organización y de la coordinación interna de las corporaciones policiales, al interior de la Policía Judicial, de la Policía del Distrito Federal y entre las policías también. Entonces esa es una preocupación no sólo en esa Recomendación, sino en todas las que hemos emitido sobre temas similares, y por otra parte dentro del Consejo uno de los objetivos de la Comisión también es el de hacer un diagnóstico sobre cómo está organizada ahora la Policía Judicial, cuáles son las funciones que desempeña, y en función de ese diagnóstico poder hacer una revisión sobre la pertinencia de las corporaciones. Lo que yo he notado en tres sesiones, la experiencias que he tenido en esas sesiones es que hay apertura por lo pronto dentro del propio Consejo para ir planteando estas propuestas. Claro, hay que sustentarlas. Tendremos que hacer un diagnóstico muy detallado de cómo están funcionando estas corporaciones, cuáles son los mecanismos de coordinación que tiene, y ya una vez realizado el diagnóstico podremos emitir alguna Recomendación en particular del Consejo. Pero lo que sí te puedo decir es desde toda la historia de la Comisión ha sido muy importante el tema de la coordinación, porque si no hay coordinación ocurren elementos com esos. Es una condición para la no repetición de los eventos.
P: Hablando sobre esta cuestión de la reforma de la Policía Judicial, ¿cuánto tiempo se va a llevar este proceso y qué es lo que se va a hacer mientras tanto con estos elementos que están trabajando actualmente? Y por otro lado, y cambiando un poco de tema, ayer durante la marcha del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) se informó que esposas de los integrantes del Sindicato van a venir aquí a la Comisión a eso de las 11 de la mañana para presentar ya una queja por lo que está sucediendo. ¿Cuál sería la posición un tanto de la Comisión de Derechos Humanos en cuanto a que se quedaron, independientemente de que si las prestaciones, de que es muy oneroso, de que cualquier cosa que se ha manejado de la extinción, cuál es la posición de que más de 40 mil personas se quedaron sin empleo?
LGP: Bueno, el tema nos preocupa por supuesto como un tema de impacto social que a todo el país le preocupa. Desde el punto de vista de la Comisión el tema es que no tenemos competencia por dos razones, primero porque es un asunto laboral, estrictamente laboral, y eso no nos permitiría a nosotros entrar al análisis; y segundo porque es un tema federal. Si no fuera laboral, a pesar de ser federal, podríamos nosotros intervenir y enviarlo a la Comisión Nacional, pero aquí se juntan dos elementos que no nos permiten tener ninguna ingerencia.
P: Pero desde la perspectiva del derecho al empleo, del derecho humano que tienen todas las personas a tener un empleo, ¿cuál sería ahí lo que podría hacer en algún caso una Comisión de Derechos Humanos, ya sea la nacional o la local?
LGP: El tema que tocas es muy importante esa es una discusión que ha estado abierta desde que se formó la Comisión Nacional, porque la exclusión de la competencia del ámbito laboral no nos ha permitido entrarle de lleno al tema del derecho al trabajo. Sin embargo, como derecho humano y como parte de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA), pero básicamente los económicos y sociales, por supuesto que es un tema de preocupación. Ahora, no se acota a la situación que ahora vive el SME, sino desde esa perspectiva es un tema de preocupación nacional. Los índices de desempleo y las pocas oportunidades que hay para acceder a un empleo justamente remunerado a un empleo que sea legítimo, que sea legal, son reducidas para una gran cantidad de personas en el país. Desde esa perspectiva nos preocupa, por supuesto. Vamos a hacer un informe especial, ya hemos estado hablando de eso, sobre el tema de pobreza en la ciudad, y eso tiene una incidencia directa en temas como el trabajo, la salud y otros más. Y ahí seguramente habrá oportunidad de tratar el problema desde la perspectiva de los Derechos Económicos y Sociales, que es por ahora lo que podemos hacer.
P: En el caso de estas señoras que van a venir a presentar su queja, ¿se va a enviar a la Nacional o sí podría hacer una investigación?
LGP: No, les vamos a explicar, las vamos a recibir por supuesto con mucho gusto, las vamos a escuchar y las vamos a orientar, porque parte del trabajo de la Comisión también tiene que ver con la orientación. Cuando no es competencia nuestra les explicamos las razones por las cuales no podemos entrar, pero les decimos a dónde acudir en todo caso. Entonces ya la Dirección General de Quejas y Orientación están preparados para recibirlas, para platicar con ellas y para darles orientación. Ahí les tendremos que explicar que no podemos nosotros intervenir de manera directa, y que no se puede interponer una queja.
P:¿Aunque muchas de ellas sean habitantes del Distrito Federal?
LGP: Sí, porque la competencia la surte la autoridad que viola los derechos y en este caso la presunta violación vendría del Gobierno federal.
P: Doctor, yo le quiero preguntar, ¿cuál es la opinión de la Comisión acerca de que el SME esté invitando a Marcelo Ebrard como mediador?, porque él finalmente es gobernante de la ciudad de México y habrá muchas personas que hayan sido afectadas ayer por la marcha, y quizás van a seguir siendo afectadas con otras muchas movilizaciones que pudieran hacer. Entonces, ¿no pone en una situación difícil al Jefe de Gobierno?
LGP: Bueno, eso ya lo tendrá que valorar el propio Jefe de Gobierno. Lo que yo creo es que si se dan condiciones para el diálogo eso es bienvenido, y si hay personas que son aceptadas por ambas partes para que ese diálogo sea rentable y se desarrolle adecuadamente pues a mí eso me parece adecuado. Por otro lado está el tema de la necesidad de que se garantice que estas manifestaciones no ocasionen daños a terceras personas, a quienes no están involucrados directamente en el conflicto, y eso pues el Gobierno de la ciudad lo ha estado haciendo ahora custodiando las marchas. Las noticias que tenemos por ustedes mismos es que han sido pacíficas, y mientras eso se lleve a cabo sin contratiempos no veo mayor problema.
P: Tengo entendido que presentaron una queja policías judiciales de Azcapotzalco y Gustavo A. Madero y que incluso la Comisión de Derechos Humanos solicitó mayor protección a la Procuraduría, ¿no sé qué respuesta han obtenido ustedes por parte de la dependencia? Incluso, ¿no sé qué tipo de quejas presenten estos policías judiciales, cuáles son los requerimientos en general?
LGP: No tengo noticia de las quejas que me comentas. Te prometo que lo averiguo y te doy la información puntual.
P: Ustedes presentaron el Informe, bueno Álvarez Icaza lo presentó, pero enfocándose a agentes de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, pero en general, ¿cuáles son los requerimientos de los policías judiciales? ¿Están en la misma situación?
LGP: La decisión de hacerlo solamente con la Policía del Distrito Federal tuvo que ver con el tiempo, pero en realidad el origen tiene que ver con las dos policías, y en los dos casos encontramos situaciones similares. Básicamente tienen que ver con una elevada discrecionalidad en la toma de decisiones importantes dentro de las dos organizaciones, que se expresa a la hora del ingreso, que se expresa a la hora de los ascensos, que se expresa en la asignación de equipos, en la custodia de los propios equipos, en las cadenas de mando; esa en mí opinión es el punto crucial del informe y es aplicable tanto a la Policía del Distrito Federal, como a la Policía Judicial. Ahí es importante cerrar la discrecionalidad, que haya mucho más control dentro de las organizaciones, eso le dará certeza a la policía y también le dará certeza a la Procuraduría y a la Secretaría. Controles estrictos por ejemplo en los procedimientos de ingreso, de ascenso, de separación del cargo, en los procedimientos de asignación de equipos, de asignación de tareas. En el tema de los derechos laborales ustedes saben que la policía tiene un régimen especial constitucional, eso ahora constituye una dificultad mayor porque está en la Constitución, y aunque la Constitución lo único que dice es que la policía se regirá por sus propias leyes junto con otros cuerpos de seguridad, eso ha sido interpretado de manera tal que ha permitido excluirlos del régimen laboral que tiene cualquier otro trabajador. Ellos, los bomberos, los militares, tienen un régimen laboral especial, para decirlo de alguna manera no están en el apartado A ni en el apartado B, o lo están de manera muy limitada, entonces eso también se traduce en problemas de seguridad laboral para ellos. Y todos estos elementos de discrecionalidad son afines a un modelo de controles no formales, de controles informales en donde hay cabida para cualquier tipo de ilegalidad.
P: Inaudible…
LGP: Yo creo que se puede construir una hipótesis que diría que si la policía está mal, la función de la policía para con la sociedad está mal también. Si no hay un régimen de seguridad para ellos, si no hay un régimen de respeto de derechos para ellos, si no los tratamos como ciudadanos a ellos, pues es difícil también esperar que haya un trato de ciudadanos para con los demás ciudadanos.
P: Oiga, y personal de custodia en reclusorios pudiera ser objeto de análisis como lo que hicieron en este foro…
LGP: Sí, por supuesto también. Nosotros hemos realizado ya, si no me equivoco, tres Informes Especiales, y aquí este tema sobre los cuerpos de seguridad y custodia ha sido tratado en ese sentido también. O sea, está el tema de la capacitación y el de las prestaciones y el de los salarios, que ustedes saben que son de los más bajos que hay.
P: Buenos días, recientemente en la Asamblea Legislativa se aprobó cambios en el Código Penal donde se tipifica los crímenes que se cometen por cuestiones de odio, por odio por ejemplo hacia las mujeres, los feminicidios, o asesinatos contra personas homosexuales. En la ciudad de México existe desde hace más de 10 años un seguimiento sobre este tipo de crímenes, no nada más al nivel del Distrito Federal, sino de todo el país. La Comisión Ciudadana Contra Crímenes de Odio por Homofobia ha registrado esto. En lo que va del año van cuando menos siete asesinatos contra personas homosexuales, como muy ubicados en ciertos espacios de la ciudad, básicamente en la Delegación Cuauhtémoc, y los móviles de estos asesinatos contra homosexuales tienen este perfil de crimen de odio. ¿Cómo actuará, ya que esta ley es muy reciente, la Comisión en ese sentido? Y hay una demanda de la sociedad civil desde hace muchos años, de que las mismas organizaciones civiles sean coadyuvantes en los casos porque muchas veces los familiares se deslindan de los casos por toda esta cuestión de estigma. ¿Qué tanto hay posibilidad de que esto se realice, que la coadyuvancia desde la sociedad civil, con el apoyo de la Comisión, y con las instancias del gobierno? Esa es una pregunta, y otra, ¿qué seguimiento se le está dando a la capacitación que se le dio a Televisa sobre el caso de la discriminación o las actitudes discriminatorias en programas de entretenimiento, porque vemos que los programas siguen siendo discriminadores y estigmatizantes hacia ciertos personajes sociales, como las mujeres en general?
LGP: Sobre el primer asunto te comento que la Cuarta Visitaduría está especializada en poblaciones en riesgo, en situación de riesgo, en situación de vulnerabilidad, y situación de discriminación. Las quejas que nos llegan por este tipo de casos que comentas son tratadas caso por caso, pero por otro lado, en las próximas semanas, vamos a tener una reunión con Organizaciones de la Sociedad Civil, una de las cuestiones que para mí es prioritaria es, junto con ellos, construir capacidades para que nos ayuden a documentar los casos. Eso lo hemos visto de manera particular con las poblaciones callejeras, con organizaciones como El Caracol y otras, en donde la dificultad que ellos nos plantean es la de poder mostrar los casos acá, con elementos suficientes para que los podamos seguir. Nosotros hacemos la investigación, por supuesto, pero hay situaciones en las que las violaciones son de tal manera contingentes, que ocurren en ese preciso momento, que si no se documentan en el momento son difíciles después de seguir. Entonces, uno de los temas en esa reunión con la Sociedad Civil va a ser justamente éste, el de construir conjuntamente capacidades para que no solamente nos acerquen los casos, sino para que nos ayuden a documentarlos, para decirles qué es lo que nosotros necesitamos para poder seguir adelante con la investigación de las quejas y ellos pueden ahí ser coadyuvantes, efectivamente, ellos conocen los territorios en donde suceden las violaciones, conocen a las poblaciones, conocen a la gente, hay un nexo de confianza, puedo decir que ya eso lo hemos hecho en otras ocasiones, sobre todo con grupos de jóvenes, y ha sido muy fructífero, que ellos nos acerquen la información, nos ayuden con la investigación, nosotros llevamos toda la parte formal, pero desde luego, la evidencia que nos puedan acercar siempre es muy valiosa, entonces eso es lo que iremos haciendo. Sobre lo de Televisa hicimos algunos talleres, después de que se suscitó aquel evento, y hasta ahí nos quedamos. El Programa por la No Discriminación, ese Programa no atiende quejas, más bien es propositivo, es un Programa de promoción, y ahí nos preocupa todo el trato que en los medios de comunicación hay, que genere discriminación. Los estereotipos con mujeres, con personas que son miembros de la comunidad LGBTTI, las personas con discapacidad, ahí el trabajo va a ser más propositivo, como es una entidad privada, nosotros no podemos, primero es privada y segundo está fuera de nuestro ámbito territorial. No podemos intervenir con una queja formal o a través de una Recomendación formal, pero sí podemos hacerlo a través de estos mecanismos de promoción que tendrían como finalidad señalar la necesidad de generar respeto por las personas, por la condición de las personas, y también señalar el compromiso en todo caso, por modificar la situación de las personas, siempre en el sentido de disminuir las situaciones de discriminación.
P: En el Informe que presentó la Oficina del Alto Comisionado de la ONU en México se informaba de estos actos de desprestigio hacia los defensores y defensoras de derechos humanos, en la ciudad de México ¿ustedes han observado que se registren estos hechos de descrédito y quienes en particular?
LGP: Como comentaba el propio Brunori, como la ciudad de México es asiento de muchas organizaciones aquí ocurren muchos casos de esa naturaleza que no llegan a la Comisión porque se trata de organizaciones nacionales, no son del conocimiento directo nuestro. Tenemos dos casos que tienen que ver con la competencia de la Comisión y que se resolvieron por la vía de la conciliación.
Secretario Ejecutivo de la CDHDF, Luis Vaquero Ochoa (LVO): El caso de los hermanos Cerezo, que tenían una queja aquí, hablamos con la Procuraduría para que se pudieran establecer las condiciones para firmar la conciliación, y también el caso de una defensora de Pasta de Conchos, Cristina Auerbach, y hay todas las condiciones para que la Procuraduría establezca las mejores medidas para la protección de los defensores, pero sí es un caso que sigue siendo materia de esta ciudad y de este país, y me parece que la Comisión tendrá que seguir atenta a estos asuntos.
P: ¿Ustedes han observado que aquí en la ciudad de México hay instituciones o entes que traten de desprestigiar la labor de las y los defensores de derechos humanos?
LGP: No creo que sea el caso.
LVO: Evidentemente por instituciones no tenemos nada, no tenemos pruebas de eso.
P: ¿Los medios de comunicación?
LGP: Pues no me parece, ustedes pueden tener un mejor pulso, pero me parece que no. Eso no quiere decir que no se dé, es probable que se dé, pero son el visible.
LVO: Yo creo que es en los estados donde están más los efectos de la crisis social, Oaxaca, Guerrero, donde hay más este tipo de casos, pero en la ciudad de México tiene una cobertura institucional que está muy pendiente de eso, la Comisión en estos años ha dado seguimiento del tema y creo que por eso no es tan evidente que las instituciones caigan en este tipo de conductas.
P: inaudible…
LGP: Yo creo que en lo abstracto hay una gran parte de la población que sí desvirtúa la labor de defensa de derechos humanos, y particularmente la de las Comisiones, con ese argumento (que defienden delincuentes). Hoy tendré una reunión con el Presidente de la Coparmex en la ciudad, porque hay un interés particular en que podamos desmontar esa visión. Sí hay un sector en el que eso está ocurriendo y lo que es relevante es que ellos sepan que la Comisión es una constructora de seguridad, en muchos sentidos; de seguridad jurídica, pero también de seguridad ciudadana, porque en el momento en que nosotros señalamos, por ejemplo, el mal funcionamiento de la Policía, de la Procuraduría o en prisiones, estamos coadyuvando para reducir la impunidad y no al revés, la lectura siempre es al revés, pareciera que nuestra intervención genera impunidad porque libera personas, pero en realidad no, en realidad reduce la impunidad porque obliga a estas instancias a actuar de manera más certera.
P:¿Pero ese sector cuál sería doctor?
LGP: Es un sector amplio de la población, no sé si se pueda localizar en un grupo específico, porque por ejemplo, cuando ustedes ven las marchas de inseguridad ven que son muchos sectores los que participan, y el tema de la Seguridad es uno de los factores que hace que tengan…
P: inaudible…
LGP: Incide en nuestro desempeño en todo caso, porque justamente por eso es que es importante que podamos revertir esa visión.
LVO: Yo creo que hay un asunto fino del proceso, que la gente no acaba de entender, que nosotros no tenemos nada que ver con el proceso o con la Averiguación, con el tema penal, sino con el tema de la violación a derechos humanos, pero lo que pasa es que el abogado defensor o los propios presuntos responsables tratan de tomar las medidas de la Comisión de Derechos Humanos, para justamente utilizarlo para que los liberen o para que eso actúe en su beneficio, para el tema penal, esto no lo entiende la gente, nosotros hemos tratado de explicar mucho que vamos justamente a decidir si hay una violación o no, no nos metemos al proceso, pero eso es difícil de ubicar, hemos tratado de que quede clara la función de la Comisión, pero todo está entremezclado.
LGP: Y ahí la ayuda de ustedes es importante.
P:¿Pero cuando hay violaciones al debido proceso sí hay una violación a derechos humanos?
LGP: Y ahí entramos nosotros, en esos casos entramos…
LVO: Pero sólo en ese caso, no en la decisión de quien lo ha consignado, o del juez.
P: El caso más representativo fue lo del caso Stanley…
LVO: Sólo en el debido proceso podemos
P: A la gente le molesta que una Comisión de Derechos Humanos defienda los derechos de un presunto violador de menores, ¿haría falta más una campaña de concientización?
LGP: Por eso yo decía que la ayuda de ustedes es fundamental que nos ayuden a comunicar adecuadamente las cosas. Yo creo que en términos generales por mi propia experiencia con ustedes, en particular con la fuente de la Comisión es bastante buena, pero hay que extenderlo a los medios en general porque ahí es donde se reproducen todos esos prejuicios, que al final son prejuicios.
P: Quiero preguntarle su opinión acerca de todas las muertes que se han registrado en el Sistema Penitenciario, lo hemos publicado en los últimos días en algunos medios, y parece ser que hay diferentes cifras, que se esconde la información, que hay opacidad, ¿qué piensan sobre esta situación? Tenemos un documento que dice que van 109 muertes al interior de los Reclusorios, 88 de ellas por enfermedad.
LGP: Nosotros estamos investigando estos casos, los lleva la Segunda Visitaduría, los tenemos ahora en proceso de investigación, ya que tengamos resultados los daremos a conocer, pero por otro lado nos importa mucho establecer un mecanismo de diálogo continuo con la Subsecretaría encargada de este tema para ver cómo podemos resolver de modo estructural el problema, porque parte del problema tiene que ver con la sobrepoblación penitenciaria, con la incapacidad que entonces se genera para atender, por ejemplo desde el punto de vista médico, pero también en términos de alimentación, en términos de todos los derechos que tienen las personas privadas de la libertad, a una población de más de 40 mil presos en instalaciones que ya modificadas son para 20 mil, las quejas hay que atenderlas, esto hay que esclarecerlo por supuesto, pero hay que hacer algo en otro nivel para que el problema no se siga reproduciendo, y entre los Informes Especiales que tenemos pendientes está uno sobre Atención Médica en Reclusorios, buena parte de los problemas que tenemos acá relacionados con la Secretaría de Salud tienen que ver con Reclusorios.
P:¿Para cuándo podrían estar?
LGP: Estamos iniciando con la planeación del Informe. Si podemos iniciarlo como queremos, seguramente estaría a finales del año 2010.
P: inaudible…
LGP: Como todos los Informes Especiales haremos entrevistas, verificaciones in situ, hablaremos con las autoridades, ya lo verán en su momento.
P: La situación de la Secretaría de Salud se lava las manos con nosotros los medios, no hay información, no hay recorridos por sus instalaciones, ¿qué tan abierta o cerrada ha sido la Secretaría de Salud con ustedes?
LGP: Totalmente abierta, tenemos muy buena relación con el Secretario de Salud, yo creo que de las mejores relaciones con el Gobierno de la ciudad es con el Secretario de Salud, y ahí ha fluido bastante bien la relación con nosotros.
P: La relación del Sistema Penitenciario con la mayoría de los reporteros es muy difícil
LGP: Estamos iniciando ahora, yo estoy iniciando la relación con la licenciada Celina Oceguera, de antemano ya teníamos una buena relación, yo espero que siga así. La semana entrante me reúno con ella, la intención es que fluya bien la relación.
P: Inaudible…
LGP: Hace muchos años, como 20 años. La conozco hace muchos años y creo que eso puede ayudar a tener una buena relación.
P:¿En qué porcentaje se ha avanzado en las Recomendaciones dirigidas al Sistema Penitenciario porque una cosa es que se acepten, pero otra es que se cumplan? Nos había comentado que pidieron prórroga para una Recomendación de las últimas, está también pendiente la de muertes en prisión, por atención médica, por negligencia médica, homicidios al interior de las prisiones, pero ¿cómo ve usted ese avance?
LGP: La prórroga se solicitó, todavía no se cumple el plazo para que se acepte la Recomendación. De lo otro, el tema es que las condiciones de las prisiones no ayudan. Lo que yo decía hace un momento tenemos 40 mil presos en instalaciones que ya modificadas, que son para 20 mil. Es difícil ahí tener soluciones a corto plazo, por eso yo creo que es muy importante, el tema de la Reforma Penal es urgente, porque ese va a tener un impacto directo en la reducción de la población carcelaria, y eso implica la modificación del Código Penal, la modificación del Código Penal de Procedimientos, la incorporación del Juez de Ejecución, que ahora esta figura en la ciudad de México no existe, pero la Reforma Penal Constitucional la exige, está nuestra propuesta penitenciaria. Estamos tratando de atacar por distintos lados, con la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea, también estamos planteando ya la agenda que vamos a llevar adelante, y en esa agenda está la Ley que propusimos el año pasado, la Ley Penitenciaria.
P: Hay dos temas que nos interesan mucho, el de Casitas de Sur y el del New’s Divine, ¿Qué avance ha habido en las Recomendaciones, si habrá nuevas Recomendaciones, son casos que no se han resuelto, que no se han cerrado?
LGP: Nosotros llegamos ahora a la consecuencia mayor que podríamos llegar que son las Recomendaciones, en el caso Casitas el proceso de seguimiento sigue adelante, hemos estado trabajando junto con la Subprocuraduría de Víctimas de manera estrecha para ir solventando la Recomendación, pero yo quiero señalar que se trata de un asunto que tiene relevancia nacional, no es sólo un asunto que se queda solamente en el Distrito Federal, y poder llegar a una solución de fondo en el caso Casitas implica también revisar toda la política de atención a la infancia en el país. El fondo del problema tiene que ver con que subsiste una visión asistencial todavía sobre el tema de los niños y niñas y esa visión hay que modificarla por una visión de derechos, eso tendrá que tener repercusión en la manera en la que trabajan actualmente el Albergue de la Procuraduría, pero también en los controles que es necesario establecer con las instituciones que se hacen cargo de los niños y las niñas. Está pendiente todavía el caso de once niños, si no me equivoco, de los que no se sabe nada, eso es importante que se esclarezca y vamos a seguir nosotros con la observación a través de la Dirección de Seguimiento, de la Recomendación. El caso New´s Divineestá ahora en manos de la Procuraduría, sabemos que la Procuraduría solicitó también un dictamen, tanto a la Procuraduría General de la República, como al Alto Comisionado de Naciones Unidas que tiene como finalidad ayudarles a ellos en la investigación, la finalidad ya no es controvertir el Informe que nosotros planteamos, nosotros presentamos nuestras conclusiones, y el seguimiento que hemos hecho del caso, ahora lo que hacemos es centrarnos en las Recomendaciones estructurales. De los resultados que tengan los procesos ya tendrá que responder el Tribunal Superior de Justicia de la ciudad, y en su caso la Procuraduría, ya eso sale del ámbito de nuestra competencia, porque es un tema jurisdiccional. Pero sí nos preocupa, por ejemplo, todo el tema de política de juventud, que es parte de la Recomendación que estaba dirigido al Instituto de la Juventud y a otras instancias del Gobierno de la ciudad. Para nosotros también es relevante poder trabajar, ya lo empezamos a hacer desde la Consulta de la Policía que Queremos, con el Informe de Policía y con el Programa de Promotores Ciudadanos que está atendiendo de manera particular al sector de Juventud y todo lo que podemos hacer en términos de política pública en materia de juventud es resultado y es consecuencia también de lo que ocurrió en el New´s Divine. Nosotros seguimos, quizá ya no de manera estricta en el tema, pero sí en el problema.
P: Sobre los últimos casos relevantes que se han presentado en torno a la actividaddelictiva en menores de edad: un niño de 14 años que violó a una niña de 8 años; ayer un adolescente que asesinó a su madre; un joven de 17 años vinculado con una red de ciber-pederastas, donde el mismo creo el blog; en la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia ya está la propuesta de incrementar la pena de 5 a 7 años para delitos que presenten una patología, como los anteriores, con un tipo de disociación ¿estaría de acuerdo que se incrementara la sanción para los jóvenes que vayan a reclusión?
LGP: Para la Comisión ha sido una preocupación que la Reforma Constitucional de 2005 se haya bajado al Distrito Federal como se hizo al final. Hay dos procedimientos que conviven: uno para delitos graves y otro para delitos no graves, y la experiencia que se ha tenido es que ha sido el procedimiento para delitos no graves el que mejores resultados ha dado. El otro lo que está produciendo es el internamiento de cada vez más jóvenes. Ahí también vamos a meter nuestro interés, porque no puede ocurrir, por ejemplo frente a la reforma penal de adultos que para los adultos haya criterios más garantistas que para los adolescentes. Eso quiere decir que el sistema de adolescentes tendrá que modificarse también, al parejo que se modifique el de los adultos. Si eso ocurre, en realidad el tema de las penalidades no va a ser relevante; simbólicamente es relevante, pero en términos reales si el proceso está bien construido, si el proceso está bien hecho, el tema de las penalidades puede dar lugar a mecanismos alternativos. Incluso a que si a alguien se le sentenciara a 10 o 15 años, hubiera posibilidades para que saliera mucho antes, sin necesidad para que esté todo el tiempo ahí. El problema no es si subimos o bajamos el máximo de pena, sino el acento que hay que poner es en el proceso, en materia de justicia para adolescentes.
P: Para la Comisión ¿no es factible el incremento de cinco a siete años como se propondría en su momento?
LGP: Yo te diría que vamos a tratar de llevar la discusión a otro lado, desde la perspectiva de la Comisión, la discusión no estaría tanto en si aumentamos o no aumentamos el límite máximo de pena, sino más bien en poner el acento en la reforma procesal que hay que hacer ahí, también en la Justicia de adolescentes.
P:¿Darle más garantías a los adolescentes?
LGP: Darles las garantías que tiene cualquier persona en el debido proceso, porque si se les otorga el mismo número de garantías o de las garantías que deben tener las personas inculpadas, también lo haces con las víctimas. El modelo adversarial es un modelo que compensa en los dos casos.
P: Raquel Olvera decía que estas garantías existen, pero que no se aplican, es garantista la Ley de Justicia para Adolescentes, pero dice que no se aplica, que no hay presupuesto, que no hay las condiciones.
LGP: Creo que tiene razón, no es garantista, en eso no coincido, me parece que no es garantista, el procedimiento como está, particularmente el procedimiento inquisitorial no es garantista, hay que llevarlo justamente hacia allá, probablemente hay un tema de presupuesto ahí, pero yo, en mi opinión, las garantías no pueden quedar sujetas a un asunto presupuestal, hay que hacer esa reforma.
P: Estos procesos que usted propone bajarían el nivel de violencia en los jóvenes, a la hora de sancionarlos, porque una cosa es el proceso que están en reclusión y otras las causas que llevan a esos jóvenes a delinquir.
LGP: Yo creo que un error consiste en pensar que el sistema ahora penal para adolescentes va a resolver el problema de la violencia afuera y eso no es así; el problema de la violencia de afuera se resuelve por otras vías. Este es un sistema de responsabilidad, y lo que implica es que quien comete un delito y es procesado, pues tiene que ser sancionado, pero de ahí a pensar que esa sanción va a tener una repercusión en la disminución de la violencia afuera, eso es erróneo, hay que trabajar con otras variables para prevenir los delitos.
P:…va a participar la Comisión?
LGP: No tengo noticia del Consejo.
P:¿No los han invitado?
LGP: No te puedo decir con certeza porque a lo mejor sí nos invitaron y no estoy enterado, pero sino vamos a pedir que nos inviten. Les agradezco.
