Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
Boletín 254/2009
3 de octubre de 2009
En el marco del Seminario Derechos Humanos de las Mujeres. Marco Jurídico y Política de Estado, la investigadora Marcela Lagarde, advirtió que el Reglamento de la Ley General de Acceso de la Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la cual plantea erradicar la violencia, cambia el sentido de la misma y dice “disminuirla”.
La Presidenta de la Red de Investigadoras por la Vida y la Libertad de las Mujeres, promotoras de esta Ley aprobada en 2007, señaló que a pesar de que la organización propuso los lineamientos para elaborar ese Reglamento, éstos no fueron seguidos por los legisladores.
En el Seminario organizado por el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM) en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Lagarde mencionó que a dos años de aprobada la Ley, sólo el Estado de Guanajuato no tiene su Ley específica.
Mencionó la necesidad de configurar un marco jurídico que reúna las leyes vigentes en México que inciden en los derechos de las mujeres y las políticas de Estado: La Ley de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (2000), Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación (2005), Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres (2006), Ley General de acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (2007), y la Ley para Prevenir y Erradicar la Trata de Personas (2007).
Destacó que el sentido de estas leyes es garantizar, proteger y hacer exigibles los derechos humanos de las mujeres, precisamente porque en México prevalecen estructuras patriarcales en la sociedad, en el Estado y en la cultura que contienen la desigualdad, la discriminación y la violencia contra las mujeres como formas de trato, relación y posiciones normales, aceptables y en constante renovación social e institucional.
Dijo que el movimiento feminista de mujeres debe dar un salto y tomar este conjunto de leyes –inspiradas en la filosofía de los derechos humanos y en el feminismo–, y potenciarlas, articulándolas, “que las leyes puedan aterrizar y ser un recurso de cada mujer, de cada niña, de las organizaciones y que sea una contribución pacífica a la democracia de nuestro país”.
Indicó que las leyes no se aplican como sería deseable porque en el proceso jurídico político ha habido resistencias enormes frente a los derechos de las mujeres y a la transformación de las mujeres en sujeto de la ley.
Consideró que la situación del avance y exigibilidad de los derechos de las mujeres en México es contradictoria, compleja y desigual. Expuso que el feminicidio continúa en diversas entidades de la República y cobra la vida de más de 1, 200 mujeres al año, y que en una década han sido victimadas más de 12 mil mujeres.
Marcela Lagarde hizo énfasis en que después de la aprobación de la Ley General Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, los tres niveles de gobierno federal, local y municipal son responsables por no enfrentar el feminicidio como lo plantea esa ley.
Puso como ejemplo que en la mencionada Ley existe una figura: “la violencia feminicida”, la cual tiene un mecanismo formidable, “la alerta de violencia de género” misma que ha sido impulsada desde la Red de Investigadoras por la Vida y la Libertad de las Mujeres.
