Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
Pregunta (P): Acerca del Derecho al Agua de los capitalinos, ¿esta contaminación del líquido que se está registrando en varias delegaciones ha generado quejas o se abrirá un aqueja de oficio?
Luis González Placencia (LGP): No hemos recibido más quejas hasta don de sé, sin embrago, es un tema de absoluta preocupación de la Comisión, y vamos a evaluar la posibilidad de hacer una queja de oficio. Hay ya un Informe Especial que se realizó sobre el tema, vamos a retomarlo y por supuesto, lo que está en el Programa y en el Diagnóstico. Sin embargo vamos a evaluar la posibilidad de iniciar una queja de oficio.
P: ¿Con la facultad de poder remitir alguna Recomendación a instancias federales como pueden ser la Comisión Nacional del Agua…?
LGP: No, porque no es competencia de nosotros la instancia federal. Tendríamos que evaluar aquí si hay responsabilidad del Gobierno de la ciudad, entonces sería con el Gobierno de la ciudad.
P: ¿Nos recuerda lo que se encontró en el Informe Especial?
LGP: En términos generales problemas relacionados con el abasto del agua. También, no significativamente, pero sí con la pureza del líquido, con la necesaria calidad que la hace potable y el tema de la distribución. La necesidad de generar una cultura de conservación del agua, y la necesidad también de garantizar que en los lugares en donde el agua no llega, llegue de la mejor manera.
P: ¿Esto quiere decir que el Gobierno capitalino está vulnerando los Derechos Humanos de los habitantes de la capital?
LGP: El tema del agua, junto con todos los demás temas relacionados con el ambiente, configuran parte sustancial de los Derechos Humanos de la ciudadanía, entonces aquí hay que ver con detalle, si efectivamente hay alguna política pública o alguna acción del Gobierno que esté produciendo algún problema con el acceso al agua. Eso lo evaluaremos.
P: ¿Por omisión?
LGP: Se puede por omisión o se puede por acción, desde luego. En todo caso, evaluaremos si eso está ocurriendo, y ya nos pronunciaremos en su caso.
P: ¿Algún tiempo, algún plazo, podría ser un resquicio decir “no me corresponde, le toca a otra instancia federal”?
LGP: No. Si por ejemplo en la investigación encontramos que hay elementos para establecer la responsabilidad de una instancia federal, lo que hacemos es derivar el caso a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y vamos dando un seguimiento de que allá se atienda puntualmente también.
P: En la cuestión de la población callejera, ¿qué tan mal nos encontramos como capital, hay estadísticas, cuánto es el número de niños que se encuentran en esta situación, las políticas públicas que el Gobierno capitalino ha adoptado en la materia son suficientes?
P: La crisis económica como detonador una aumento en las poblaciones callejeras, ¿qué consecuencias traería este aumento?
LGP: Presenta riesgos, primero para el aumento mismo de las poblaciones, incrementa las posibilidades de crisis que generan la expulsión de niños y niñas, particularmente hacia las calles, y por supuesto que también tiene una incidencia importante en el tema presupuestal, yo creo que aquí habrá que tener mucho cuidado para poder establecer los riesgos que a partir de la crisis se generan, especialmente con estas poblaciones que están en situación de vulnerabilidad o en riesgo de discriminación.
P: ¿Se puede decir que estas poblaciones son a quienes más se les violan sus derechos?
LGP: Ya de entrada, la existencia de poblaciones callejeras implica una violación de sus derechos, es decir, la existencia de estas poblaciones supone que se dejó de cumplir con obligaciones en el terreno de salud, en el terreno de educación, en el terreno en general de lo que se necesita para una vida adecuada de todos quienes conforman esas poblaciones. Hay que cuidar entonces, en primer lugar, que la salvaguarda de sus derechos genere un acceso directo a ellos, pero también hay que cuidar la revictimización, es decir, el hecho de ser poblaciones callejeras implica que se violaron sus derechos, ahora hay que cuidar que las políticas públicas no terminen violando nuevamente otros derechos, por ejemplo, a partir del tema de la Seguridad Pública, de la criminalización y de otros problemas que enfrentan estos sectores.
P:¿Pero cuál es el estatus de estas políticas, son efectivas, realmente están atacando el problema o lo único que se hace es revictimizar, porque muchas ONG critican que es una política asistencialista, no es una política para reintegrarlos a la sociedad?
LGP: Así es, el problema del asistencialismo es que parcializa la atención. La mejor manera de reintegrar o de integrar a una persona a la sociedad es garantizándole sus derechos. La mejor manera de que las personas se reintegren es que tengan acceso a la educación, que tengan acceso a la salud, que tengan acceso al trabajo. Entonces, la política por eso debe ser integral. No es una política que se establece para reducir las poblaciones callejeras o para reducir el riesgo de las poblaciones callejeras, es una política que se establece para garantizar el derecho de todas y todos a la educación, la salud, el trabajo, y todos estos derechos Económicos y Sociales, que son fundamentales para el nivel de vida de una persona en la ciudad.
P: ¿Entonces no están funcionando?
LGP: La propia existencia de poblaciones callejeras te da una respuesta.
