Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
Boletín 267/2009
19 de octubre de 2009
El sistema de justicia penal acusatorio garantiza el ejercicio de los derechos del inculpado y de la víctima, aseveró el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis González Placencia.
Al dirigirse a 54 representantes de medios de comunicación e investigadores, señaló que la ayuda que la prensa puede brindarle a la reforma se traducirá en la posibilidad de generar mayores certezas en el sistema acusatorio, del Decreto Presidencial firmado el 17 de junio de 2008.
Durante su participación en el Seminario para Periodistas “El sistema de justicia penal acusatorio”, el Ombudsman capitalino cuestionó, en una observación del derecho desde los derechos humanos, la parte autoritaria del Derecho Penal y del proceso inquisitorial que tritura al sujeto inculpado, al mismo tiempo que limita los derechos de la víctima, al resarcirla con la sola imposición de una condena.
La reforma al proceso penal en México comienza a cuestionar, advirtió, al sistema de justicia, así como los posicionamientos extra jurídicos que limitan las posibilidades de defensa desde el inicio de la averiguación previa y con una decisión judicial al arbitrio del Poder Ejecutivo.
En la mesa redonda “La reforma al sistema de justicia penal en la agenda de derechos humanos”, González Placencia reconoció que la verdad que emerge en un juicio del sistema acusatorio es una verdad procesal, que no busca hallar la verdad-verdad del modelo inquisitorial, como si fuera absoluta.
Esta verdad admite equívocos y tomar una decisión equivocada, pero el proceso permite y da recursos para corregir errores, por lo que exige en la formación de los abogados la argumentación necesaria para llevar los casos.
La metodología de audiencias, que es la parte visible del sistema, permitirá la argumentación y transparentará la actuación de los actores, tanto del inculpado como de la víctima, así como del Agente del Ministerio Público y del Juez: “Todas las decisiones relevantes durante el juicio son tomadas en audiencia”.
A diferencia del proceso inquisitorial, que es continuo, comienza con la detención y termina con la condena, explicó González Placencia, en el proceso acusatorio-adversarial se desarrollan diversos juicios y los antecedentes no son relevantes, garantizan que los juzgadores no se formen prejuicios sobre el inculpado y la víctima, aumentando notablemente la certeza, sin que gane el prejuicio.
En México, el Derecho Penal estuvo afectado de inercias que González Placencia dijo, se sintetizan en lo que llamó “parroquialismo jurídico”, que es la visión que sólo acepta lo que se produce en el país y toma como sospechosa cualquier cosa o propuesta que venga de fuera.
Uno de los lastres de esta visión es el proceso mixto y que es una mezcla de los modelos inquisitorio y acusatorio, en el que prevalece aún más el primero y que: “Tenía utilidad para los fines políticos y de control que asumió el Derecho Penal durante todo el siglo pasado”.
Otro tema que hay que superar, agregó, es la visión de la criminología clínica de los años sesenta, una visión patologista acerca del delito, que poco a poco derivó en la construcción de un “enemigo potencial de la sociedad”, al que hay que componerle algo, a través de la readaptación, alguien a quien hay que contener.
Explicó que ambas visiones facilitaron el control de un Estado autoritario, a través del derecho, particularmente del Penal, pero también del Derecho Familiar, el Civil y de otras ramas.
El Seminario tuvo como objetivo principal sensibilizar a los periodistas sobre el cambio cultural del Nuevo sistema de Justicia Penal y capacitarlos sobre aspectos jurídicos y de funcionamiento, con el propósito de mejorar la calidad informativa, fortalecer conceptos básicos y detectar los principales problemas de información generados por los cambios procesales que introduce la Reforma al Sistema de Justicia Penal y Seguridad.
En la mesa “La reforma al sistema de justicia penal en la agenda de derechos humanos” participó también el Jefe de la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), José Luis Caballero Juárez, y el investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Carlos Natarén Nandayapa, fungió como moderador.
