Seguimiento a Recomendación 05/2005

1.1. El 28 de noviembre de 2003, los señores Matilde Pérez Moreno, Gonzalo Reyes Zacarías y Enrique Reyes Aguilar, presentaron escrito de queja en el que manifestaron lo siguiente: “En la Coordinación Territorial de Seguridad Pública y Procuración de Justicia IZP-9, un lugar con alta marginidad, pobreza y altos índices de inseguridad y delincuencia, además de los pobres resultados del Gobierno (S.S.P. Y PGJDF), las propias autoridades de estas instituciones nos han revelado y reiterado a manera de justificación y en un gesto de honestidad que tienen que atender a una población de alrededor de 500 mil habitantes, es decir, el doble que cualquier otra Coordinación Territorial y con la misma cantidad de recursos; esto contra toda lógica y sentido común y contra los derechos de la población. Ni siquiera la escasez de recursos explica y justifica esta acción de Gobierno, injusta y discrimintoria (sic) que desdice y contraviene el principio del Jefe de Gobierno de que por el bien de todos, primero los pobres, peor aun (sic) pues atropella la Ley y la igualdad que establece para los ciudadanos, esta situación que reorganiza y distribuye los recursos, así se da desde la creación de las mencionadas Coordinaciones Territoriales para la Seguridad Pública y Procuración de Justicia, nosotros específicamente desde el pasado mes de julio nos hemos dirigido por escrito al Jefe de Gobierno Lic. Andrés Manuel López Obrador para que corrija esta situación, sin que hasta el momento tengamos respuesta positiva. Cabe mencionar que la agencia del Ministerio Público Núm. 70, sede de la mencionada Coordinación requiere de una ampliación significativa de sus instalaciones (tal vez en otro lugar) pues hasta hoy no cuenta con médico legista, ni con juez cívico, no hay siguiera (sic) espacio para ellos, brindando así un deficiente servicio a la población, esto sin mencionar las constantes quejas por la negligencia y corrupción de su personal. Conociendo las autoridades esta situación no han podido darnos una respuesta sobre la solución que demandamos”. A su denuncia anexaron copia del escrito de fecha 25 de julio de 2003, dirigido al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, mediante el cual sustancialmente manifestaron lo siguiente: “…1 Desde el año 2002, les informaron que el Gobierno Central y la Delegación Iztapalapa, buscaban un predio para la ampliación de la Coordinación Territorial de Seguridad Pública y Procuración de Justicia IZP 9 y a la fecha no hay resultados, no hay quien les informe respecto del proyecto. 2 En esa Coordinación con el mismo número de vehículos y de efectivos que otras Coordinaciones se atiende a una población 100 % mayor, es decir, se hace necesario aumentar el personal y vehículos en un 100 % para recibir al menos cuantitativamente la misma atención, por ello desde el mes de julio de 2003, solicitaron al Jefe de Gobierno corrija esa situación. 3 En cada asamblea que se realiza es común escuchar las quejas y denuncias sobre la corrupción en los cuerpos policíacos, en los agentes del Ministerio Público y los miembros de la Policía Judicial, al grado que los propios vecinos son amenazados e intimidados para no denunciar o abandonar la denuncia. Demandan seriedad y responsabilidad del Jefe de Sector, del Representante del Ministerio Público y del Comandante de la Policía Judicial para que acudan constantemente y con puntualidad a las asambleas a que convoca la Coordinación para escuchar y participar. 4 Además, la citada Coordinación carece de médico legista y juez cívico. Por ello, solicitan la ampliación de las instalaciones de la Coordinación Territorial, así como se aumenten proporcionalmente los recursos materiales, económicos y humanos en función de la población que atiende esa Coordinación. “

1.2. Consta en acta circunstanciada de 3 de enero de 2004, que los peticionarios manifestaron a personal de esta Comisión que: “El motivo fundamental de la queja es la desproporcionalidad de recursos que se asignaron a la Coordinación Territorial para la Seguridad Pública y la Procuración de Justicia Número 9 en Iztapalapa, que es 50% menor que la asignada a las demás Coordinaciones Territoriales. Por lo anterior, solicitan a esta Comisión de Derechos Humanos intervenga para que se aumenten proporcionalmente los recursos materiales, económicos y humanos en función de la población que atiende esa Coordinación, así como se agilice la ampliación de las instalaciones de la Agencia Investigadora del Ministerio Público 70, ya que carece de Médico Legista, Juez Cívico, en general no son aptas para atender la demanda ciudadana”.