Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
Transcripción 16/2017
21 de junio de 2017
Pregunta (P): Sobre el caso en la Magdalena Contreras, el caso de la familia que murió, de ella que se suicidó y sus hijos.
Doctora Perla Gómez Gallardo (PGG): Actualmente teníamos la queja abierta en su momento con lo cual verificamos las actuaciones que hizo la Procuraduría para determinar en su momento si había o no un tema de abuso sexual por parte del padre. Cuestión que nosotros al observar las acciones de autoridad no determinamos que hubiera algún tipo de responsabilidad u omisión por parte de la autoridad al llevar las diligencias; e incluso se le notificó a la propia peticionaria, en ese momento a la mamá de los hijos, con la asistencia de abogado y se dio por cerrado en ese momento la queja que se tenía por parte de la Comisión.
Sabemos que tuvo cambio de diferentes abogados. Ya no nos reportaron actualización sobre el mismo. Y ahora que sabemos que está la situación de la abuela que acaba de despertar, estamos también nosotros ya con una queja abierta de oficio, documentando que no se vulneren los derechos que tiene a un debido proceso y que se vean también sus características particulares en su condición psicoemocional.
En ese caso estamos dando este seguimiento. Pero también estamos dando el seguimiento de lo que detona este tipo de situaciones que se presentan en materia de derecho familiar. Tenemos la Controversia iniciada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la figura de alienación parental. Queremos que se declare inconstitucional ese Artículo que se integró en el Código Civil, porque no pone en el eje central el Interés Superior de la Niñez, porque no maneja más que sistemas de institucionalización de los niños o niñas, y porque sanciona adicionalmente a padre o madre, abuelas o abuelos; de donde se dé una figura como la alienación pudieran perder el derecho a tener convivencia con las niñas o niños. Y lo más grave, que la figura de alienación parental no existe en el sistema reconocido como una figura psicológica. E incluso cuando se emitió la ley el Tribunal tuvo que crear la oficina que no existía, a la cual le asignaron hacer ese tipo de ejercicios. De lo cual sí nos preocupa porque quien determine sicológicamente la figura tendrá que ser un perito en psicología que no reconoce la existencia de la misma.
Sí confiamos en que en el caso que se va a debatir ya en la Suprema Corte de Justicia de la Nación se revisen estos argumentos y se puede dejar sin materia esos aspectos que consideramos son inconvencionales; y sí se atienda por parte de la Asamblea Legislativa de manera integral cómo manejar casos donde se presentan situaciones así, pero no generando figuras no reconocidas sicológicamente y no generando aspectos que al final afecten sobre todo a las niñas y niños, que es el enfoque que se tiene que dar en materia de derecho familiar.
P: ¿Hubo faltas de la Procuraduría en investigación en perspectiva de género en este caso y de derechos de los infantes que estuvieron involucrados?
PGG: Bueno, en este caso recuerden que hay dos momentos: uno es cuando hizo la verificación la propia Procuraduría dentro del marco de juicio que tenían de separación el padre y la madre, y que nosotros observamos que no nos daba para señalar alguna omisión por parte de la Procuraduría; y otra diferente es la que tenemos actualmente abierta, sobre todo también, y otra vez en los casos que hemos reiterado insistentemente: la filtración de imágenes del lugar de los hechos, la situación de la protección y más con el nuevo sistema penal acusatorio que puede dañar todos los indicios y pruebas que posteriormente se pudieran utilizar para deslindar responsabilidades. Esa parte sí la estamos nosotros observando y en su momento estaremos determinando la investigación.
P: Doctora, sobre el caso Narvarte, ¿qué denuncia la familia en el caso de la filtración de información? Hubo discriminación, es lo que comentan.
PGG: Sí, lamentablemente lo que vimos, en el caso de las filtraciones, es que casi teníamos escaneado su fotografía de la averiguación previa en medios de comunicación. Eso inmediatamente nos detona que alguien dentro de la Procuraduría propició y permitió que se dieran esas filtraciones. Eso por un lado, y por la otra la estigmatización. Sí importante señalar, y lo estaremos posicionando en diversas Recomendaciones, el derecho a la memoria, porque lo que no se debe permitir es que una persona que sufrió un delito lo primero que se parte es en descalificarla, discriminarla y por sentarla como alguien que merecía que pasara lo que le pasó. Esa parte en una visión de derechos humanos no debe ser tolerable. Tienen que quitarse adjetivos, tienen que quitarse ese tipo de historias paralelas que se manejan sin que todavía se determine la situación de los hechos. Este caso nos ayudó CIMAC a revisarlo desde una manera integral, e incluso como buenas prácticas y respetando el ejercicio de la libertad de expresión, hacia los medios darles guías y orientación de cómo manejar ciertos términos para no discriminar. Pero en el caso de la autoridad sabemos que iniciaron investigaciones, queremos que las concreticen y que haya efectivamente responsables para que se inhiba.
Y otra muy distinta es la omisión que tiene la Procuraduría de tener elementos precisos de control al interior de sus propias averiguaciones para que no se repitan estos hechos.
P: ¿Qué línea de investigación siguió la Procuraduría y cuántas dejó sueltas?
PGG: Aquí lo que nos llamó la atención es que a instrucción del propio Jefe de Gobierno se abrieron todas las líneas. Eso era el mejor ejercicio, que efectivamente se agotaran y se determinaran cada una de ellas. Qué hizo la Procuraduría. Se fue sólo por la línea de homicidio. Y en el caso de las líneas que tenían que ver con el ejercicio de defensa de una de las víctimas y el de libertad de expresión, empezó a hacer acciones hasta que fueron solicitadas por la coadyuvancia. Incluso en el caso de feminicidio, cuando consignó a uno de los probables responsables fue el juez vía amparo quien determinó que agote la línea de feminicidio para que pueda consignar sin presumir todavía inocencia o culpabilidad del probable responsable. Pero lo que sí nos alerta es que esta parte que existe en la Ciudad de México, y que es de avanzada, existen protocolos, existen fiscalías especializadas, cosas que no existen en otros estados de la República. Lo que no se entiende es por qué no se desagregó para que por principio de especialidad el caso por lo menos de Rubén y el de Nadia fueron llevadas a las fiscalías especializadas. Todas se concentraron en la Fiscalía de Homicidios. Finalmente fue homicidio el delito que se está persiguiendo, pero existen modalidades especializadas. No se desagregó. Sí se abrieron las líneas. Sí llevaron diligencias. Pero fue a petición de las partes. Y lo más grave también, porque fue vía amparo también de las coadyuvacias, que sólo se les informó de cómo se iban agotando las líneas cuando por vía de juicio de amparo lo obligó el propio Poder Judicial.
P: Oiga, este actuar de las autoridades en el caso de los periodistas, ¿no echa por tierra el tema de que la Ciudad de México estaba blindada contra este tipo de cosas? Es decir, ¿se demuestra con esto que las autoridades no están protegiendo a los periodistas?
PGG: Miren, aquí hay que tener una cuestión muy clara. Si un periodista llega a la Ciudad de México es que de entrada en un estado de la República el Gobierno dejó de garantizar su propio derecho. No debería haber un desplazamiento forzado ni de personas, ni de periodistas, ni de defensores, porque no tengan garantías en sus propios estados de la República. Sí hay que decirlo, y en un contexto muy claro, que en el estado de Veracruz incluso mi homólogo había emitido una Recomendación a favor de Rubén Espinosa por haber sido lesionado por policías municipales; y en el caso de Nadia reportaba agresiones y amenazas por internet que hizo que se desplazara a la Ciudad de México.
Entonces lo primero que sí hay que decirlo con toda claridad es la responsabilidad de cada entidad federativa de hacer valer el ejercicio de la libertad de expresión en sus demarcaciones, porque lo primero que pierde un periodista al desplazarse es su libertad de expresión. Ya sale porque es un tema de integridad. La segunda parte es que no podemos presumir, en el caso de la Ciudad de México, que el homicidio se derive de. Pero sí es importante que por ello se abra y se haga la exhaustiva investigación de la línea de investigación de libertad de expresión. En estándares internacionales toda agresión a un periodista se presume que fue hecha por libertad de expresión. Salvo prueba en contrario. Qué hizo la Procuraduría. Se fue por la línea sólo de homicidio. A petición de parte empezó a hacer diligencia de libertad de expresión. Debió haberlas hecho porque tienen el protocolo único en el país y tienen la Fiscalía única en el país y que queremos demostrar con estos casos es que aun pasando estos lamentables hechos hay un mecanismo eficaz que evite la impunidad y que haya sanción a los responsables.
No tenemos en este momento, y es parte de la Recomendación, elementos ni para afirmar ni negarlo porque todavía faltan actuaciones dentro de estas líneas, tanto la de defensora como la de libertad de expresión. Pero sí destacar que la Ciudad de México es quien tiene tanto Fiscalía Especializada y protocolos de atención no sólo a libertad de expresión, sino de defensoras. Lo que sí es, y de ahí deriva la Recomendación, es que la autoridad las tiene que aplicar, la autoridad los tiene que agotar y eso dará certeza para quienes lamentablemente llegan aquí ya como un ente a manera de refugio en lo que salen a otro país, porque ni siquiera se quedan permanentemente en la Ciudad.
Pero insisto, la responsabilidad es estatal y nacional, porque en cuestión de ejercicio de libertad de expresión es totalmente relacionado con democracia, totalmente relacionado con el derecho a informar que es un derecho social y las omisiones de Estado sí impactan directamente en el ejercicio de la libertad de expresión. Pero ahí, y desagréguenlo porque es lo más grave, cuántos estados de la República tienen el nivel de homicidios de periodistas y no cuentan con Fiscalías Especiales y ni siquiera un protocolo. En el caso de la Ciudad sí existe, pero es importante y de ahí viene la Recomendación, agoten los pendientes para que sea el Procurador quien explique como investigador de los delitos y el responsable, si fue o no relevante la línea de defensa y la línea de libertad de expresión.
P: Tampoco se ha iniciado la línea de investigación como feminicidio, ¿se inició tardía?
PGG: En este caso efectivamente fue vía amparo que el propio juez en materia federal tuvo que decirle a la Procuraduría que cuando consignó a uno de los responsables le faltaba agotar la línea de feminicidio. Eso implica que ya por instrucción judicial tendrá que agotarlo el propio Ministerio Público. Pero no puede pasar que quien corrija sea el Poder Judicial a omisiones del propio Ministerio Público y de la propia Procuraduría. De ahí lo relevante tanto en materia feminicidios, en materia libertad de expresión y defensoras, que estamos pidiendo la actualización, porque hay que recordar que surgieron antes de las Reformas de 2011 varios instrumentos, la armonización y criterios porque no tienen un criterio que diga “cuando una persona mujer y defensora y homicidio” dónde tendría que irse y a qué Fiscalía. Todos los mandaron a la de homicidios, o periodista y homicidio la mandaron a homicidio. Entonces tiene que crearse un criterio y la base es el principio de especialización. Quien tendría que estar investigando cada caso por sus particularidades sería la Fiscalía Especializada de cada una de ellas, la de feminicidio y la de libertad de expresión. Sí se abrieron las líneas, sí empezaron a diligenciarlas, pero no se llevó ni en la Fiscalía Especializada, ni se han agotado todavía y se iniciaron tardíamente.
P: Oiga, Doctora, ayer se anunciaba el caso de una policía abusada sexualmente. ¿Ya la Comisión abrió carpeta de investigación?
PGG: Sí, tenemos queja de oficio, estamos recabando la información y por supuesto estaremos dando seguimiento y acompañamiento en el caso de la policía, de lo que pudiera necesitar tanto en acompañamiento sicológico y debido proceso también respecto a la probable responsabilidad.
P: Doctora, en cuanto al caso de explotación y trata infantil en la colonia Ex Hipódromo de Peralvillo, ¿qué nos puede decir al respecto?
PGG: Sí abrimos la queja respecto al seguimiento que se le va dar a dónde van a trasladar a las niñas y niños. Recuerden que tenemos una ley vigente en la Ciudad de México que evita que haya necesariamente una institucionalización, y eso nos ayuda en su momento a que podamos ver a qué tipo de familiar o pariente o amigos cercanos pudieran trasladarse esas niñas o niños sin que queden necesariamente bajo sólo vigilancia institucional. Estaremos dando el acompañamiento. Estaremos revisando qué actuaciones hace la autoridad y en ese sentido estaremos también actualizando.
P: Todavía hay una decena de niños desaparecidos que se llevó El Patrón. Ellos todavía no aparecen. ¿Qué es lo que pueden hacer al respecto?
PGG: Nosotros en este caso al abrir la investigación no sólo vemos el Interés Superior de Niñas y Niños respecto al caso en sí de cómo los están tratando a los que ya fueron encontrados, sino la debida diligencia que tiene que llevar el Ministerio Público para en su momento encontrar, inmediatamente recuperar, pero sobre todo sancionar a los que fueran responsables.
P: Solamente preguntarle, Doctora, ¿si usted como defensora de derechos se ha visto o se ha sentido en algún momento espiada?
PGG: Bueno, ya tendría que revisar si no me llegó un mensaje que no haya abierto. Pero creo que lo más importante en este caso es primero que se sepa qué pasó. O sea, creo que sin prejuzgar nada lo más importante es sí o no y quién adquirió un tipo de software de esas características y bajo un principio de república, de cosa pública, el espionaje es de las peores prácticas en cualquier sistema democrático. Sea por particulares y peor si fue por autoridades. Y que se haga público si hubo gobierno o autoridad que lo adquirió, porque es algo que se tendrá que determinar. Y por otro lado, efectivamente es una forma de ataque indirecto por el perfil de las personas que denuncian que fueron en su momento espiadas. Yo creo que aquí sí se requiere, y de manera inmediata, una investigación imparcial, transparente, pública y técnica, que permita delimitar qué está pasando y lo bueno es que ya denunció, porque la peor forma del espionaje es que los cachen y qué bueno que ya los cacharon. Ahora hay que ver qué responsabilidades va a generar y quienes fueron. Sin prejuzgar nada también con un debido proceso.
P: Oiga Doctora, el 24 es la marcha LGBTTTI y ya avisan que va a haber neonazis en la marcha…
PGG: Nosotros siempre, y lo propiciamos en un esquema del uso del espacio público, vamos a acompañar, va a haber Ombudsmóvil, y generamos en articulación con la propia Secretaría de Gobierno concertación. Sí nos sensibilizamos también con las propias organizaciones que no caigan en provocación y cualquier cuestión que pase en el espacio público que pudiera afectar a terceros pues la autoridad podrá en su momento actuar y nosotros acompañaremos y observaremos cada situación.
P: ¿Cuántas personas de la Comisión van a participar?
PGG: Dependiendo. Hacemos siempre la valoración del número de personas que prevemos que vengan. Generalmente salen de uno hasta cinco Ombusmóviles, dependiendo el número de personas que participan. Tenemos red con Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) que nos mandan alertas y en campo salen de mínimo cinco hasta 60 Visitadores, dependiendo el tipo de movilización. En este caso estaremos haciendo la valoración y siempre hacemos público también ya el tipo de acompañamiento y la estrategia para que sepan dónde ubicarnos si tuvieran algo que reportar.
P: Finalmente, respecto a los últimos acontecimientos de violencia que se han presentado en la UNAM, ya ve que se encontró un cuerpo recientemente de uno de los jóvenes. ¿Se ha pensado emitir una Recomendación a la Universidad?
PGG: Nosotros por competencia no entramos a autoridades federales. Lo que estamos revisando es toda la actuación que lleve a cabo la Procuraduría. E insistimos, porque a la fecha está corriendo el tercer recordatorio, no hemos tenido acceso al expediente. Se la ha dificultado al familiar, a la mamá de la víctima, el acceso al expediente. Estamos viendo si hacemos vía colaboración con PGR, con quienes nos reportaron se está haciendo algún tipo de peritaje, que tampoco nos han dicho específicamente cuál. Y en su momento, pues como nos lleva luego en estos casos, vamos a ir documentando cada situación y cada posible omisión que pudiera tener la autoridad. Estamos limitados a autoridades locales y por lo tanto la observación va directamente a la propia Procuraduría local. Y sabemos también, porque es parte de lo que ha difundido la UNAM, que ya están haciendo ellos mecanismos internos en temas de género, en temas de seguridad, en temas de protección, que llevaran ellos en su autonomía y en su momento la Comisión pues estará también atenta de integrarlo en el expediente si hubiera algo relevante que ayudara a ver cómo está actuando en este caso en particular, insisto, la autoridad local que es la Procuraduría.
